Se encuentra en: En Portada/ Mirando al futuro:
Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI
El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en el conjunto de las Administraciones Públicas, CCOO y UGT,
firmaron el pasado mes de octubre el Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI. El sindicato
mayoritario en la Administración General del Estado, CSIF, por su parte, no suscribió el Acuerdo. El
pacto, rubricado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el responsable de
Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, y el secretario general de UGT-Servicios Públicos, Julio Lacuerda,
incluye el compromiso de impulsar una Administración del siglo XXI. Un proceso de transformación del
sector público recogido en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia comprometido con las
instituciones europeas.
Según destacó la ministra de Hacienda y Función Pública, este acuerdo en el ámbito público puede
contribuir a forjar un pacto de rentas entre los trabajadores y las empresas del sector privado. Una
iniciativa que el Gobierno ha dejado claro que respaldaría en medio del contexto de incertidumbre
provocado por la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis energética derivada de la misma, tal y como
recoge el Plan Presupuestario 2023.
El primer punto del acuerdo contempla el aumento de las retribuciones de empleadas y empleados de las
Administraciones Públicas (AAPP) para el periodo 2022-2024. En concreto, el acuerdo de subida salarial
plurianual supone una revalorización mínima de un 8% en esos años. Este porcentaje fijo del 8% se puede
incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo, en función de diversas variables contempladas
en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%, ya
que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida.
Estas subidas fijas y variables se reparten en los tres años del periodo con distintos porcentajes. En
2022, al 2% de subida aplicado desde el 1 de enero se sumó una subida adicional y retroactiva del 1,5%
para dicho ejercicio.
Para el presente año 2023, se producirá un alza fija del 2,5%. Un porcentaje que podría incrementarse en
un 1% ese mismo año si el IPC es superior al incremento consolidado entre 2022 y 2023 y si el incremento
del PIB nominal fuera igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a
los Presupuestos Generales del Estado 2023.
En 2024, la subida será del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas el año anterior. A
esta puede añadirse otro 0,5% adicional en el caso de que el IPC entre 2022 y 2024 fuera superior a las
alzas acumuladas en ese periodo. El mismo tendría efectos desde el 1 de enero de 2024.
La recuperación de derechos del pacto entre el Gobierno y UGT y CCOO continúa con la reimplantación de la
jornada de 35 horas en las AAPP. Esto supone eliminar las limitaciones previstas en la disposición
adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que cada Administración, en
función de sus competencias, establezca esa jornada para el personal a su servicio y al de su sector
público institucional. Una decisión que se tomaría tras la correspondiente negociación colectiva en la
mesa u órgano correspondiente.
En esa línea, otro de los puntos destacados del acuerdo es la eliminación definitiva de las medidas del
RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Un RDL que provocó una merma en las condiciones de trabajo de empleadas y empleados
públicos y de la actividad sindical de sus representantes.
El Gobierno impulsará así la reversión o derogación de aspectos que continúan en vigor. Esto supondrá una
nueva regulación de la prestación económica por incapacidad temporal, la devolución de los derechos
sindicales o la suspensión de los convenios colectivos basados en la alteración de las circunstancias
económicas.
La culminación de la implantación de las nuevas titulaciones en los procedimientos de acceso de las AAPP
es otro de los objetivos acordados por Gobierno y sindicatos. Ambas partes se coordinarán para diseñar un
conjunto de medidas normativas y organizativas para que el nuevo modelo de clasificación sea plenamente
efectivo.
El objetivo es que esta clasificación se desarrolle durante el año 2023 y quede implantada en ese mismo
ejercicio. Para lo que se tendrá en cuenta lo recogido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TREBEP).
Planes de Igualdad en todas las AAPP
Alcanzar la igualdad de género es otro aspecto que se considera estructural en las AAPP. En primer lugar,
se procederá a la modificación de la disposición adicional séptima del TREBEP para obligar a que todas las
Administraciones se doten de un Plan de Igualdad. El fin de esta reforma será eliminar las barreras que
impiden un trato igualitario entre hombres y mujeres en su desarrollo profesional.
Además, se creará un Registro de Planes Públicos de Igualdad para que exista conocimiento y transparencia
de las medidas adoptadas en el sector público. Algo en lo que también se implicará la comisión de
seguimiento, donde se plantearán cambios normativos para mejorar esos Planes.
También se establecerá como obligatoria la negociación de los protocolos de acoso sexual y por razón de
sexo, tal y como mandata la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
La digitalización de las AAPP será otra de las grandes reformas para impulsar la Administración del S.
XXI. En este plan se hará compatible la prestación telemática de servicios públicos con la garantía de la
atención directa, presencial y personal en las oficinas, especialmente a la población con más dificultades
de desempeño digital. Un diseño en el que se perseguirá la mejora de las condiciones de trabajo en el
empleo público, que facilitará que se ofrezcan unos servicios públicos de mayor calidad.
Para ello, serán claves la simplificación y reducción de cargas en procesos de digitalización, un plan
específico de digitalización para las administraciones localizadas en zonas con menor población y más
dispersa, con el objetivo de garantizar una atención en igualdad para los ciudadanos de las mismas, y el
impulso a itinerarios formativos que permiten a trabajadoras y trabajadores adquirir habilidades y
conocimientos en materia digital.
Atracción y retención del talento en las OPE
La atracción y retención del talento es otro de los puntos señalados del acuerdo. El compromiso de
Gobierno y sindicatos es continuar contando con personas cualificadas, motivadas y comprometidas con el
servicio público. Para ello, es necesario realizar una adecuada planificación de recursos humanos que
permita alcanzar el número necesario de efectivos para dar el servicio de calidad que precisa la
ciudadanía.
Por este motivo, las Ofertas de Empleo Público (OPE) de 2023 buscan la creación de empleo neto bajo los
principios de edad y proyección de la plantilla, la puesta en marcha de nuevos servicios o la ampliación
de los existentes y la internalización y revisión de los servicios.
La reducción de la temporalidad en las plazas estructurales del empleo público se perseguirá a través de
no superar la tasa del 8%. Por lo que se autorizará a las AAPP a establecer de manera extraordinaria una
tasa específica adicional para dar cumplimiento a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Gobierno y sindicatos se comprometen con este Acuerdo a realizar las modificaciones necesarias para
retener el talento entre los empleadas y empleados públicos. El impulso a la carrera, la revisión de los
procedimientos de promoción profesional, la actualización y modernización de los procesos de selección y
la captación de talento para reforzar el servicio público son algunas de las medidas contempladas.
Como señala el pacto, el Gobierno deberá impulsar la puesta en marcha del teletrabajo, la tramitación y
negociación del texto del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ya en
marcha, o el reconocimiento del derecho de negociación colectiva para el personal laboral en el exterior.
También se revisará el modelo organizativo y de clasificación de los centros penitenciarios, para lo que
se constituirá una mesa de trabajo que compartirán los Ministerios del Interior y de Hacienda y Función
Pública y los sindicatos firmantes. Además, se actualizarán los importes de los gastos de desplazamiento
derivados de la prestación de servicios
Reconocimiento a empleadas y empleados públicos
El pacto recoge, finalmente, el consenso que existe entre Gobierno y los sindicatos firmantes de poner en
valor al personal al servicio de las AAPP y del sector público institucional.
Su trabajo, junto al impulso del Escudo Social aprobado por el Gobierno con medidas como los ERTE,
permitió amortiguar el impacto de la crisis sanitaria y facilitar la protección de los sectores más
afectados. Lo que allanó el camino para relanzar el desarrollo económico y la creación de empleo.
