


El político formado sabe que somos una garantía para la adecuación a la ley y la eficacia de las políticas públicas
José Luis Pérez López, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local
Los Colegios Oficiales de Secretarios Locales (COSITAL) se constituyeron por Real Decreto de 6 de septiembre de 1925. Después de casi un siglo de existencia, su papel sigue siendo determinante en la defensa de estos funcionarios que no siempre encuentran un camino fácil en su ejercicio profesional. Hoy agrupan a más de 6.000 secretarios, interventores y tesoreros que ejercen en los diferentes municipios españoles.
Los Colegios Oficiales de Secretarios de Ayuntamiento tienen una larga trayectoria. ¿Cómo se han ido adaptando a la legislación española a lo largo de los años?
Tras diferentes hitos normativos, y una vez adaptado el modelo organizativo a la Constitución de 1978, hoy nos organizamos en colegios territoriales, que existen en cada una de las provincias y en el Consejo General, organismo representativo y coordinador superior de la Organización Colegial. Además, existen consejos autonómicos en Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
¿Cuál es la función principal de estos colegios?
Los colegios sirven de unión para el perfeccionamiento técnico y, a través de nuestras principales reivindicaciones, para la defensa de los intereses de la profesión y los profesionales frente a cualquier impedimento al ejercicio de las funciones reservadas. En este momento, reivindicamos el auténtico ejercicio independiente de nuestras funciones, y ese reto pasa por la supresión de la libre designación como forma de provisión de puestos; además, pedimos la implantación de la Administración electrónica en el ámbito local, sobre todo en los pequeños y medianos municipios, ya que es imprescindible ante la sangrante falta de medios y recursos.
¿Cómo valoran desde los colegios la actual oferta de empleo público para estos funcionarios?
Es necesario el mantenimiento de una oferta de empleo público en número de plazas suficientes para cubrir la práctica totalidad de las vacantes existentes y las que se prevé que aumenten en un futuro inmediato como consecuencia de las jubilaciones. Tenemos que poner fin a las interinidades y el intrusismo profesional; y esto en paralelo a la reforma de los procesos selectivos para garantizar la mejor selección de los aspirantes a integrarse en la escala. Al igual que en otras profesiones, es necesario avanzar en el desarrollo de una auténtica carrera horizontal.
¿Hay suficientes efectivos en los ayuntamientos?
En la mayoría de los ayuntamientos de España existe un solo funcionario de nuestro cuerpo, el secretario-interventor, que ejerce todas las funciones: fe pública y asesoramiento legal preceptivo; control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria; contabilidad, tesorería y recaudación; y en muchas ocasiones se ocupa de varios ayuntamientos. En los de mayor tamaño puede haber un mínimo de dos o tres, dividiéndose las funciones de secretaría, intervención y tesorería, entre diferentes profesionales.
¿Cómo es el día a día de estos funcionarios?
Nuestro trabajo diario abarca multitud de tareas y materias, desde contratos, urbanismo, contabilidad, registros, actas, convocatorias, presupuestos... pasando por las funciones directivas y de asesoramiento. Además, el trabajo se realiza en un ambiente de mucha tensión; entre la política y la gestión administrativa, debemos saber conjugar nuestra obligación de asesorar al político en materia normativa y económico-presupuestaria indicándole los límites legales en su acción sin que ello sea considerado como un obstáculo a su implantación, y esto a veces genera muchas tensiones y presiones; tanto es así, que hemos elaborado recientemente un protocolo de acoso laboral para hacer frente a situaciones penosas a las que se ven sometidos miembros de nuestro colectivo. Afortunadamente, el político formado y coherente sabe que somos una garantía fundamental para la adecuación a la ley y la eficacia de las políticas públicas.
El político formado sabe que somos una garantía para la adecuación a la ley y la eficacia de las políticas públicas