“El Gobierno sigue apostando por el mantenimiento y la consolidación de MUFACE”

¿Cómo calificaría la situación actual de la función pública en España?

Se ha demostrado que es más esencial que nunca. La pandemia ha puesto de manifiesto que, cuando vienen mal dadas, lo público es lo que nos salva: la sanidad pública y universal es la que ha cuidado a los enfermos y la que nos ha vacunado masivamente para convertir ahora mismo a España en uno de los países en los que la incidencia de la COVID-19 es más baja. La propia Organización Mundial de la Salud ha felicitado a la sanidad española por su gestión de la crisis epidemiológica. A ello hay que añadir el enorme mérito del sistema educativo por mantener los colegios abiertos, con todo lo que ello implica para los niños y las niñas que tienen menos medios en sus casas para seguir el curso. También han sido los empleados y las empleadas públicas los encargados de gestionar y tramitar el escudo social aprobado por el Gobierno: los ERTE, las prestaciones extraordinarias para los autónomos o las ayudas directas para las empresas, entre otras medidas. La función pública es el alma del Estado del Bienestar.

¿Cuenta con efectivos suficientes para serlo?

El ánimo que inspira a este Gobierno no pasa solo por que lo público sea el último salvavidas en momentos de catástrofe. No queremos que el Estado intervenga solo de forma quirúrgica, sino tenerlo siempre preparado para actuar. El Estado del Bienestar es esencial para el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales. Como esa es nuestra convicción, estamos corrigiendo las pérdidas de efectivos sufridas en pasadas legislaturas: de tasas de reposición cero en gobiernos anteriores, hemos pasado a un 110% como tasa general, al 120% para sectores prioritarios y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales. Por tanto, la Función Pública, además de estar en un momento en que puede reivindicarse a sí misma por su vital importancia, también se encuentra en un momento de recuperación de lo perdido, acompañada de un Gobierno que cree en lo público, en los servicios públicos y en las personas que trabajan en ellos cuidándonos a todos.

Se ha apostado por una ambiciosa oferta de empleo público. ¿En qué medida se buscan puestos de calidad que contribuyan a modernizar la Administración?

Los datos son elocuentes: se trata de la oferta de empleo público más importante de la historia, con 30.445 nuevos puestos. Nunca antes se había aprobado una cifra semejante a través de reales decretos y sin tener que hacer uso de ofertas extraordinarias ni de estabilización. Pero, además de ser una oferta ambiciosa en lo cuantitativo, también lo es en lo cualitativo: sabemos qué profesionales queremos seleccionar y qué talento queremos atraer para hacer frente a nuestras necesidades y para desarrollar el Plan de Recuperación, cuya misión es cambiar nuestro modelo productivo y construir una Administración más moderna. Cabe destacar que los puestos vinculados a las actividades STEM, las ligadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, crecen un 37% en 2021 con respecto a 2020.

¿Qué opinión le merece el proyecto de captación de talento como línea estratégica de la política de función pública?

Las jornadas de captación de talento para la Administración General del Estado vienen desarrollándose desde 2019 por la Dirección General de Función Pública en universidades, colegios profesionales y centros educativos. Ahí los asistentes pueden comprobar la importantísima aportación que los trabajadores y las trabajadoras del sector público hacen a la sociedad, además de conocer las muchísimas salidas que ofrece el empleo en la Administración y como este puede cumplir con muchas aspiraciones, expectativas y vocaciones de los jóvenes. Los músicos, las ingenieras, los astrónomos, quienes quieren viajar, a quienes les gusta la investigación, quienes quieren cuidar de los demás, los abogados, las arquitectas, los matemáticos… La Administración ofrece salidas a veces desconocidas y que tenemos el reto de difundir.

Con la experiencia que usted tiene en las administraciones públicas, ¿qué le diría usted a una mujer joven que duda sobre si opositar o no?

El gancho tradicional del empleo público, de opositar, es que se trata de hacer un esfuerzo, muchas veces muy importante, y que implica sacrificios, por el bien superior de lograr un empleo seguro, con derechos, dignamente remunerado y para toda la vida. Y es verdad. La Función Pública ofrece todo eso. También podría decir que ello llevaría a pensar que la conciliación de la vida personal y laboral para las trabajadoras de la Administración Pública puede ser más fácil. Pero esto no debería ser un acicate para que solo las mujeres opositen. La conciliación no se debe conjugar únicamente en femenino. La corresponsabilidad en casa, en los cuidados, exige que la conciliación sea cosa de todas y de todos. De esa manera las mujeres podremos romper los techos de cristal que también existen en el sector público. Por otro lado, el empleo público ofrece, además, la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, de cumplir las expectativas vocacionales de profesionales procedentes de muchas áreas distintas.

A este respecto, el género, la procedencia territorial o la situación socioeconómica, son barreras que impiden el acceso libre e igual a los puestos de la función pública. ¿Cómo se podrían ir eliminando?

Ese es el gran reto al que nos enfrentamos las sociedades modernas: construir una verdadera igualdad de oportunidades de acceso no solo a la Administración Pública, sino a todo tipo de puestos. El reto es engrasar, en definitiva, el ascensor social, luchando contra la pobreza infantil, con programas específicos para los niños y las niñas, pero también haciendo posible que los padres y las madres tengan empleos de calidad, con derechos y dignamente remunerados. Aquí también tienen un papel muy relevante las becas, que alcanzarán el año que viene una cifra inédita. Y, en lo que respecta a la Función Pública, hay que destacar el nuevo sistema de becas que incluyen los PGE 2022 para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrado de la Administración de Justicia y democratizar el acceso. A partir de ahí, hay que luchar contra los estereotipos de género que, desgraciadamente, o bien coartan las aspiraciones de las mujeres o son motivo de frustración. Son políticas que este Gobierno tiene en la agenda que está ejecutando con los Presupuestos Generales del Estado y leyes específicas. Así, contamos con el programa “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” o el “Plan Corresponsables”. También abordamos la cohesión territorial, aportando recursos extraordinarios a las comunidades autónomas, haciendo frente al reto demográfico, apostando por la llamada España vaciada y con iniciativas como la de tratar de instalar fuera de Madrid, y más allá de las grandes capitales, los nuevos organismos del Estado, para compartir el Estado e involucrar a todo el territorio, a toda la ciudadanía, en la gestión del día a día del país. Ya hay planes en curso, como el centro de proceso de datos para la Seguridad Social en Soria o los centros de competencias digitales de Renfe en Miranda de Ebro, Mérida, Linares, Teruel o Alcázar de San Juan.

Se está trabajando para que el envejecimiento de las plantillas no sea una realidad abrumadora pero, al tiempo, las personas con experiencia son un activo muy valioso. ¿Se puede conjugar el envejecimiento con la llegada de personas jóvenes para que se produzca una sinergia enriquecedora en el servicio a la ciudadanía?

El envejecimiento de las plantillas es un fenómeno al que hay que prestar atención. Según un informe de la Dirección General de Función Pública, en enero de 2021, la edad media de los efectivos de la Administración General del Estado era de 51,53 años. En 2013, la edad media estaba por debajo de los 49 años. Pero, de acuerdo también con ese estudio, 2021 ha sido el primer año en el que se ha conseguido reducir la edad media (en 2020 estaba en los 51,63 años). Además, desde 2019 ya se venía apreciando un incremento menos acusado de la edad media. Lo que tenemos que conseguir es lo que señala: que el talento de los veteranos se enriquezca con el que aporta la juventud. Para ello, es esencial dar a conocer la Función Pública, como es¬tamos haciendo con iniciativas como la campaña “Talento Público” o las Jornadas de Captación de Talento.

Se han puesto muchas esperanzas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En lo referido a modernización de las administraciones públicas, ¿qué proyectos destacaría del Plan?

El Plan de Recuperación establece retos tales como la digitalización de la propia Administración y de sus procesos. Tenemos que ir un paso más allá de los ya dados y maximizar la automatización de la gestión, lo que liberará a los empleados públicos de actividades de bajo valor añadido. La modernización de la AGE no pasa únicamente por dotarla de medios tecnológicos. También hay que reconvertir y redefinir los procedimientos internos de trabajo. Un ingrediente fundamental es la consolidación de un modelo de empleo público de calidad, con la adopción de medidas que reduzcan la temporalidad en la Administración, hasta situarla por debajo del 8%, como marca el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Además, queremos poner en marcha herramientas de planificación de recursos humanos, reforzar las capacidades del empleo público y profundizar en nuestros planes de captación de talento. Hay otros dos aspectos en los que quiero hacer hincapié: el refuerzo de los mecanismos de evaluación de las políticas públicas, para garantizar que ponemos en marcha las mejores medidas y que sus resultados sean los óptimos; y las mejoras en términos de transparencia a través de medidas de gobierno abierto. Por otro lado, el plan de transición energética en la AGE también forma parte de la modernización de nuestras administraciones para contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Queremos que los edificios públicos sean energéticamente eficientes, que usen más energías renovables y promover la movilidad sostenible de los trabajadores y las trabajadoras públicos.

Como profesional de la medicina, tiene experiencia en gestión hospitalaria, por lo que los servicios que presta el Estado a través de MUFACE no le son ajenos. Se acaban de aprobar los conciertos sanitarios 2022-2024. ¿Qué aspecto destacaría de este instrumento como parte del Sistema Nacional de Salud?

Me consta que MUFACE, al igual que el resto de las mutualidades de empleados públicos, está trabajando y contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte. El Gobierno sigue apostando por el mantenimiento y la consolidación de las mutualidades. He tenido la oportunidad de conocer la nueva estrategia organizativa de la Mutualidad, el Plan MUFACE Avanza 2021-2023, y compartimos los principios que le inspiran: la cercanía a las personas, tanto a los mutualistas como a los sanitarios y el resto de personal que garantiza la excelencia en la atención médica y farmacéutica; la simplificación de los procesos y de los trámites; la innovación; la calidad; la transparencia; y la rendición de cuentas; además de la sostenibilidad y el alineamiento con los principios de la Agenda 2030. La apuesta de este Gobierno por MUFACE también se demuestra en la reciente autorización de la licitación de los dos conciertos que entre 2022 y 2024 garantizarán la cobertura sanitaria a 1,5 millones de personas que componen la fuerza de trabajo de la Administración. Es un presupuesto muy importante con el que se contará en este trienio: 3.571 millones de euros. Ello permitirá cumplir con los estándares de calidad que demanda el colectivo e incorporar los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud.

Volviendo a temas de su departamento, ¿le ha supuesto muchos quebraderos de cabeza sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado?

La elaboración de los Presupuestos, y su negociación posterior, es indudable que implica un trabajo muy importante. Pero, aunque es una labor a veces extenuante, también es muy gratificante, puesto que es el documento que recoge las políticas, las prioridades y los planes de todo el Gobierno. Para 2022, por ejemplo, los PGE tienen como objetivo principal lograr una recuperación justa. Y, con ese ánimo, recogen la mayor inversión productiva de la historia y una inversión social sin precedentes. Los presupuestos de sanidad, educación, becas, vivienda, cultura, etc. llegan a niveles inéditos. Y es un orgullo, porque son servicios muy cercanos a la ciudadanía. También hacemos una apuesta muy clara por la juventud, por su presente y por su futuro. Y por la ciencia, con una inversión que no tiene parangón porque se duplica respecto a la efectuada en 2020. El Gobierno ha querido hacer un Presupuesto bueno para todos, en el que toda la ciudadanía se sienta reflejada. Y también se ha mostrado abierto para negociar con otras fuerzas políticas las aportaciones que quieran realizar, para enriquecer el texto. Todo este proceso requiere trabajo, pero genera también grandes satisfacciones.

Otra de las prioridades de su ministerio es la reforma del modelo de financiación autonómica. ¿Cuál es el principal reto de esta reforma?

Las propuestas de modificación del sistema son muy variadas y el reto es conciliar todos los intereses, que no van marcados estrictamente por la filiación política de cada gobierno autonómico. Nuestra propuesta, la de Hacienda, va a ir encaminada a construir un sistema justo para que todas las comunidades reciban recursos adecuados que pongan fin a los agravios territoriales. Para que ello sea posible, es necesario contar con un amplio consenso de las comunidades autónomas y entre los partidos políticos: se trata de una ley orgánica que se ha de aprobar en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. El modelo de financiación no puede ser la suma de lo que cada uno pretende, sino el resultado que mejor responda a las necesidades de cohesión social y vertebración del país.

Este Gobierno ha trabajado para que las Comunidades Autónomas no sufrieran merma de recursos por la pandemia: las autonomías cuentan con una financiación como si la recesión provocada por la COVID-19 no hubiera existido. Aunque las comunidades autónomas merecen una mejor financiación, nunca en la historia han estado mejor financiadas que ahora. Y es una afirmación válida para todas las comunidades, sin excepción.

¿Qué le desvela en estos momentos?

Más que desvelar, diría que una de mis obsesiones es que los servicios públicos cuenten con recursos suficientes para que los ciudadanos los reciban con excelencia, independientemente de cuál sea la Administración encargada de prestarlos. Y esa es una de las razones también por la que devolvimos la constitucionalidad al Impuesto de Plusvalía tan pronto como pudimos: con ello, garantizamos recursos a los Ayuntamientos con justicia para los contribuyentes.

La pandemia ha puesto a todos los organismos que gestionan asistencia sanitaria o salud pública, entre elos MUFACE, en el foco de la atención de la ciudadanía. ¿Cómo valora la gestión de las distintas administraciones y la coordinación entre ellas durante la Covid-19?

En España no somos muy dados a tener una autoestima muy elevada. Tendemos a fustigarnos. Pero creo que en este caso podemos estar muy orgullosos y debemos darnos la enhorabuena por una gestión que ha felicitado la propia Organización Mundial de la Salud recientemente. La coordinación entre los distintos niveles de la Administración ha sido eficaz, con el modelo de cogobernanza que pusimos en marcha desde los primeros momentos de la pandemia. Y ha dado sus mejores frutos en la campaña de vacunación: la colaboración entre los diferentes gobiernos central y autonómicos, el alto nivel de capilaridad de los servicios sanitarios y la responsabilidad de la ciudadanía han formado el equipo perfecto para garantizar que más de un 80% de la población esté ahora mismo ya vacunada, que estemos poniendo las terceras dosis a los mayores de setenta años y que los niveles de incidencia sean en España muy inferiores al resto de Europa. Además, el respeto y la responsabilidad mostrada por los ciudadanos españoles, que se encuentran entre los mejores cumplidores de las medidas de confinamiento y entre los que mayor predisposición han mostrado a la hora de vacunarse, creo que también es síntoma de su confianza en las instituciones y de que consideraban acertadas y adecuadas las medidas acordadas por los diferentes gobiernos, central, autonómicos o locales, o de los tres en su conjunto.