España, por encima de la media de la UE en servicios públicos digitales y en conectividad
“Quien no está en red parte con desventaja”, aseguran los que hablan de desafíos y brecha digital por igual. Existe una coincidencia en que la transformación digital de las administraciones públicas debe ir acompañada de un marco regulatorio que defina, respalde e impulse las actuaciones que supongan un avance en el desarrollo de la Administración digital. Y en este nuevo marco debe ser capaz de adaptarse, facilitar y garantizar las demandas de los ciudadanos. En este contexto, la progresión de España se entiende por la utilización de las ventajas que ofrece internet por parte de las empresas y las administraciones públicas. “El Estado deberá ser un sujeto activo en la difusión y promoción de la digitalización de toda la sociedad, así como en la investigación de las implicaciones futuras de las nuevas tecnologías”, expuso recientemente José Antonio Benedicto, secretario de Estado de Función Pública, convencido también de que la revolución tecnológica permite abrir nuevos canales de participación ciudadana y mayor transparencia de las instituciones.
La transformación digital ha generado una Administración Publica más abierta y transparente, pero ¿ha conseguido también reducir las desigualdades? Fernando de Pablo, secretario general de Administración Digital, detalla que ha tenido distintas fases: “Primero, lograr un incremento de eficiencia y eficacia; en segundo lugar, centrarnos en los ciudadanos y en las empresas al objeto de reducir cargas administrativas, evitar desplazamientos y simplificarles las actividades; y una tercera etapa, que ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad, es la necesidad de conseguir una Administración más abierta, más participativa”. Y que ha contribuido mucho a los procesos de transparencia, reconoce.
España ocupa el cuarto lugar en la UE en servicios electrónicos según la Comisión Europea
Cuarto lugar en la UE
La utilización de los servicios digitales sitúa a España entre los países de la Unión Europea que más han progresado en la digitalización en los últimos cuatro años, ocupando el cuarto lugar en la UE según la Comisión Europea. El índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) también destaca el valor y dimensión de los servicios públicos digitales de España y en conectividad, alcanzando datos por encima de la media de la Unión Europea. En España, los servicios públicos digitales siguen siendo la dimensión en la que mejores resultados obtienen. A lo que se añade la existencia de un elevado nivel de interacción en línea entre las autoridades públicas y los ciudadanos. En concreto, el 67% de los usuarios de internet españoles participa activamente con los servicios de Administración electrónica.
Que las TIC son un instrumento indiscutible para la mejora de la calidad de vida y la integración de los ciudadanos a todos los niveles es una evidencia. Pero también que existe una realidad motivada por la brecha digital: la discriminación por distintas razones a colectivos, ciudadanos y empresas. Por eso, la tecnología debe servir para cerrar brechas ya existentes, no para crear otras nuevas, argumenta de Pablo al comprobar que “en nuestro propio ministerio somos responsables de la reducción de la brecha demográfica, uno de los principales problemas estratégicos de España”. La Administración electrónica, incide en su explicación, tiene un gran potencial para ayudar a combatir las diferentes brechas, también la de la accesibilidad.
Cada vez son más las entidades que recurren a servicios online, correo, factura electrónica o servicios en la nube. Los ciudadanos entienden que no es solo una cuestión de modernización y uso de las herramientas tecnológicas, sino de una utilización eficiente de los recursos públicos. Es así como las administraciones públicas españolas destacan en la oferta de gestiones en línea a sus ciudadanos.
Carpeta Ciudadana y ciberseguridad
La Agenda del Cambio 2030 tiene como objetivo asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo. En ese reto de alcanzar una economía inclusiva y sostenible, el Gobierno de España incluye la necesidad de progresar hacia una Administración más eficiente al servicio de la ciudadanía, clave para proporcionar un marco de seguridad favorable a la actividad económica y la cohesión social. Se apuesta por la coordinación de todos los ministerios para promover el desarrollo tecnológico y la productividad. Así, la transmisión de datos entre administraciones públicas por la plataforma de intermediación para evitar que los ciudadanos tengan que solicitarlo personalmente alcanzó las 405.770.297 transmisiones de datos, cuando hace diez años estaba en 5.415.829
En esta línea, la Carpeta Ciudadana es uno de los proyectos destinados a facilitar el desarrollo de trámites desde cualquier lugar donde se conecte el ciudadano o ciudadana. En algo más de un año –se estima–, podremos acceder a todos los expedientes que en su momento tengamos abiertos con cualquier organismo de la Administración General del Estado en un único espacio en la web (la Carpeta Ciudadana).
Ello implicará la coordinación y eficiencia de administraciones, la transparencia y rendición de cuentas como papel ejemplarizante para preservar los derechos de los consumidores, potenciando paralelamente el acceso de los ciudadanos a la información y a los trámites de mayor interés.
La apuesta por la ciberseguridad es otro de los objetivos del Gobierno. Incrementar la capacidad de vigilancia y la detección de amenazas contra los sistemas de la Administración General del Estado, para optimizar su capacidad de respuesta ante cualquier ataque, “es uno de los principales desafíos, pero también una oportunidad para la creación de riqueza y empleo”, ha identificado entre las prioridades José Antonio Benedicto. Hoy en día, los servicios electrónicos son herramientas para la tramitación administrativa, pero, reconocen los expertos, carecen de una “protección necesaria” capaz de reducir la creciente amenaza procedente del exterior.
