“Hoy contamos con una nueva Ley de Formación Profesional adaptada a las necesidades del siglo XXI”

¿Cuáles eran los principales objetivos de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional en el momento de su aprobación?

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), el principal objetivo que hemos perseguido con el despliegue de la estrategia modernizadora de la Formación Profesional, ha sido el de consolidar un nuevo sistema de formación acorde con las necesidades del siglo XXI. No podíamos estar haciendo lo mismo para una realidad diferente. Era urgente cambiar un sistema con el que llevábamos dos décadas. Hemos integrado la antigua FP para el empleo y la Formación Profesional del sistema educativo, en un nuevo sistema integral y único.

Las necesidades formativas de los jóvenes y trabajadores han cambiado y las de los nuevos perfiles laborales de la economía de hoy, también. Nuestro principal reto ha sido el de poner a disposición de la ciudadanía, no solo de los jóvenes, sino también de la población activa, una formación de calidad y conectada con la realidad laboral que les permita acceder a un empleo de calidad, mantenerse en su puesto de trabajo o ascender en su carrera profesional. En definitiva, crear un nuevo sistema de Formación Profesional que ofreciera a cada persona, la formación que necesita en cada momento. Por primera vez, tenemos un modelo de Formación Profesional en el que la persona se sitúa en el centro.

Era imprescindible una formación en permanente actualización, conectada con los últimos avances en digitalización, innovación y sostenibilidad. Para ello, se hacía necesario conectar la formación con la empresa y potenciar la corresponsabilidad de los centros de FP y las empresas. Además, hemos actualizado toda la oferta formativa existente y creado más de una treintena de títulos y cursos de especialización, en su gran mayoría vinculados a sectores emergentes.

¿En qué medida considera que se han cumplido dichos objetivos?

Creo sinceramente que estamos en el camino correcto. Durante los últimos cuatro años y medio hemos hecho posible un gran cambio en el sistema de Formación Profesional gracias a la ayuda de todos los agentes implicados en la materia. Era una necesidad imperiosa a la que todos estábamos llamados y en la que todos estábamos de acuerdo. Me refiero a administraciones públicas, interlocutores sociales, empresas, entidades del tercer sector, centros de FP, profesorado....con los que hemos estado trabajando intensamente en los últimos años para hacer realidad este objetivo.

En este tiempo hemos logrado un consenso unánime por la Formación Profesional, algo destacable teniendo en cuenta el escenario actual. Hoy contamos con una nueva Ley de Formación Profesional adaptada a las necesidades del siglo XXI, que cuenta con una memoria económica de 5.500 millones de euros para su implantación, y un Plan de Modernización de la Formación Profesional que seguimos implementando desde sus inicios en 2020 con un montante de más de 2.200 millones de euros. No solo tenemos la hoja de ruta, sino también los fondos necesarios para ello.

Desde el arranque del Plan de Modernización, hemos financiado desde el MEFP la creación de más de 210.000 plazas de FP, cerca de 700 aulas de innovación en los centros de formación profesional de todo el país y más de 1.300 aulas de emprendimiento. Hemos dinamizado la acreditación de competencias profesionales con casi 422 millones de euros distribuidos ya a las CCAA para este fin y casi cinco millones destinados a la formación de profesorado. Además, hemos impulsado la Formación Profesional de los trabajadores con una inversión de casi 1.700 millones de euros en los últimos dos años.

¿Qué balance hace la Secretaria General de este primer año de implementación del modelo de FP que comporta la mencionada Ley orgánica?

Vuelvo a destacar la aprobación de una Ley que ha contado con el respaldo del sector educativo y del sector empresarial de nuestro país.

Estamos en un momento histórico para la Formación Profesional en nuestro país. Nunca antes un Gobierno había apostado de esta forma por la FP. Como decía anteriormente, no solo tenemos la hoja de ruta, sino también los fondos para consolidar el modelo. Mi balance no puede ser más positivo, tanto por los logros que hemos conseguido, como por la buena aceptación de todos los actores implicados en esta materia.

Ahora estamos trabajando en la ordenación del sistema, que permitirá la implantación de la norma en su totalidad. Esperamos que este Real Decreto de Ordenación de la Formación Profesional pueda ser aprobado en Consejo de Ministros antes del verano.

¿Cuáles son los próximos retos a los que se enfrenta la formación profesional en nuestro país y que actuaciones hay previstas en el ámbito de la Secretaría General/MEFP?

Ahora como decía, el siguiente paso inminente es aprobar la ordenación del sistema y aterrizar la Ley de Formación Profesional en su totalidad. Que cada administración autonómica tenga las herramientas suficientes para comenzar a implantar a partir del próximo curso la nueva oferta formativa. Es decir, más allá de los certificados de profesionalidad, los títulos y los cursos de especialización, la nueva ley recoge formaciones más pequeñas o “microformaciones” de entre 30 a 60 horas que surgen de la fragmentación de la formación y que van destinadas en su inmensa mayoría a personas trabajadoras. Me refiero a lo que la norma llama los grados A y B.

Otro de los grandes objetivos es el de imprimir carácter dual a toda la formación profesional. Lo que la norma señala en dos intensidades: la Formación Profesional dual general y la dual intensiva. Para ello, necesitamos la participación de todas las empresas en el proceso formativo y su conexión con los centros de Formación Profesional. Porque todo alumno o alumna de FP, para conseguir su título, tendrá que pasar necesariamente por la empresa con estancias formativas de mayor duración y de más calidad.