Un paso trascendental para su completa implantación en 2020

Unas 345.000 personas del cuerpo funcionarial adscritas a las tres mutualidades de la Administración General del Estado (AGE), residentes en las distintas comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y que han optado por recibir asistencia sanitaria por medios públicos, serán integradas en los sistemas de información de receta electrónica autonómicos.

Así lo ha aprobado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reunido el jueves 15 de noviembre en el Ministerio de Sanidad, y en el que están representadas todas las comunidades autónomas junto a Ceuta y Melilla. La decisión supone un paso trascendental en el proyecto de receta electrónica impulsado por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), y cuyo objetivo es su total implantación, tanto en el ámbito público como en el privado, a lo largo de 2019 y 2020.

De este modo, el Consejo Interterritorial equipara a mutualistas de MUFACE, MUGEJU e ISFAS con el resto de personas que se benefician de la sanidad pública en cada comunidad, y supone la eliminación de los talonarios de papel, la mejora de la calidad asistencial y la agilización del tiempo en consulta. También reducirá de forma significativa los desplazamientos al centro de salud, especialmente en los casos de tratamientos crónicos.

Eliminación de los talonarios

En la actualidad, más de medio millón de personas del colectivo MUFACE prestan servicio en las comunidades autónomas -o lo han prestado, caso de los jubilados-. Para la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, el acuerdo, además de suponer un considerable ahorro en la gestión de los talonarios, permitirá realizar un control exhaustivo sobre las desviaciones del consumo e incrementará la seguridad clínica, favoreciendo la prescripción por principio activo.

La implantación de la receta electrónica interoperable, que sustituye al formato tradicional de papel, ya ha supuesto a las comunidades autónomas un ahorro de 253 millones de euros. Con la ampliación de su utilización al colectivo funcionarial que eligen la sanidad pública, ese ahorro se verá incrementado, lo que favorecerá la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Ahora, mutualidades y autonomías tienen un plazo de seis semanas para constituir los grupos de trabajo que deberán concretar las condiciones de aplicación del acuerdo. Una vez consensuadas y definidas las acciones a desarrollar, las mutualidades suscribirán con cada comunidad autónoma y el INGESA, en caso de Ceuta y Melilla, el convenio de colaboración que formalice la extensión efectiva del sistema público de receta electrónica a todo mutualista adscrito al servicio de salud.