“La cogobernanza es fundamental. Trabajando juntos, trabajamos mejor”

Al asumir el cargo, destacó que la cartera de Política Territorial tiene ante sí los retos de la “cooperación”, la “colaboración”, la “coordinación” y la “concordia”. ¿Qué medidas al respecto va a desarrollar tanto en ese ámbito como en el de la Función Pública?

Cuando el presidente del Gobierno anunció mi nombramiento, recuerdo que me calificó como “hombre de acuerdo y concordia”. Se lo agradecí profundamente, creo que son las mejores palabras que me podía dedicar, porque trabajar para el acuerdo y la concordia es importante en la vida y en la política. Yo he buscado siempre la cooperación, la colaboración, la coordinación, y desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública defenderé la cogobernanza, es decir, que las distintas administraciones públicas trabajemos conjuntamente para conseguir nuestros objetivos. Porque juntos somos más fuertes y porque colaborando trabajamos mejor, tal y como nos ha demostrado la pandemia. Desde esa constatación queremos implementar todavía más esta dimensión federal del Estado. Le voy a dar unas cifras: el Gobierno convocó el año pasado 17 veces la Conferencia de Presidentes, cuando en 16 años solo se había reunido en 6 ocasiones. En 2020 se celebraron 163 conferencias sectoriales, un 200 por cien más que las 56 del año anterior, y más de la mitad, 77, correspondieron al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha convertido en el ejemplo máximo de la cogobernanza en los últimos doce meses. La pandemia ha impulsado la cooperación y el Gobierno de España ha adoptado acuerdos importantes con las administraciones territoriales, para que después cada Administración tome sus propias decisiones dentro del marco general acordado. Seguiré apostando durante toda la legislatura por la cogobernanza, la cooperación y la coordinación. Y también por aumentar el diálogo para evitar la conflictividad. Un ejemplo más, en 2020 el Gobierno solo presentó cinco recursos ante el Tribunal Constitucional, cuando en otros años se han presentado más de cuarenta. En 2020 se iniciaron 50 procedimientos para resolver conflictos y hemos alcanzado acuerdos en más de la mitad. Intensificar el diálogo y la cooperación para evitar la conflictividad con otras administraciones es la vía con la que nos hemos comprometido, y está dando resultados positivos.

¿Y qué medidas va a desarrollar en el ámbito de la Función Pública?

En Función Pública, los acuerdos de los años anteriores han sido fundamentales, con un balance importante, como las mayores ofertas de empleo público en diez años, el III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado (AGE), poner fi n a las barreras que impedían a siete millones de españoles presentarse a procesos selectivos solo por estar diagnosticados de VIH, celiaquía, psoriasis o diabetes, o la protección de las empleadas públicas que son víctimas de violencia de género. Somos un Gobierno que busca el consenso y el acuerdo. Y el diálogo social es muy importante, también en la Función Pública. Vamos a seguir negociando con los sindicatos y, ahora que ha concluido el II Acuerdo para la mejora del empleo público, volveremos a buscar nuevos consensos con los representantes sindicales, incluyendo soluciones a la precariedad en el empleo público y establecer límites a la temporalidad. Hemos alcanzado ya resultados con la firma, el pasado 12 de abril, del Acuerdo de criterios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado, que irá seguido de la tramitación y aprobación del correspondiente real decreto. La Administración General del Estado debe avanzar decididamente en la implantación de nuevas formas de prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía, en el marco de la Estrategia Digital 2025, y la incorporación de la Administración del siglo XXI como política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y estamos trabajando en una nueva Ley de Función Pública de la AGE que siente las bases de una reforma integral, profunda y ambiciosa y consolide un modelo de empleo público profesional, productivo, eficaz e incentivado, con una organización en materia de recursos humanos más flexible y ágil en sus procedimientos.

Apuesta por el diálogo en Cataluña. ¿Irá acompañado con una revisión de la política de transferencias en todas las comunidades autónomas?

Quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Fueron mis primeras palabras al recibir la cartera de Política Territorial y Función Pública, esa es la España en la que creo. Quiero la cooperación permanente para solucionar los conflictos con los territorios, especialmente en Cataluña, donde la falta de diálogo y las posiciones enfrentadas han conducido a un callejón sin salida que muchos no queremos. La fortaleza más sólida siempre surge del acuerdo y del pacto. En cuanto a la política de transferencias, en el Gobierno tenemos que cumplir lo que recogen la Constitución y los estatutos de autonomía. El año pasado, por ejemplo, culminamos traspasos pendientes desde 1984 a la Comunitat Valenciana. Ahora estamos negociando traspasos con el País Vasco, Navarra, Madrid, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Las leyes están para cumplirse, y en el Gobierno de España somos muy respetuosos con las normas autonómicas de todos los territorios que se desarrollan conforme a la Constitución. Este Gobierno de progreso ha hecho de la cooperación territorial la base fundamental para alcanzar la eficacia y la cohesión social y creo que es vital para la buena relación entre las distintas administraciones y seguir avanzando en la construcción autonómica y en el país diverso y plural que queremos.

Los principales hitos de 2020 en este ministerio fueron la regulación del teletrabajo en la AGE y el impulso a la cogobernanza. ¿Cuáles le gustaría que fueran los hitos de este 2021?

La pandemia nos deja grandes enseñanzas. Quizá la más importante es que juntos somos más fuertes. El conjunto de la sociedad logró doblegar la curva de expansión del coronavirus gracias a un ejercicio de unidad y cogobernanza inédito en la historia de la democracia española. La cogobernanza ha venido para quedarse porque trabajando juntos, trabajamos mejor. Es ya una herramienta de diálogo, negociación y pacto imprescindible en el día a día de nuestras administraciones públicas. En 2020, también tuvimos que anticipar decisiones, como el teletrabajo, para no poner en riesgo la salud de las empleadas y empleados públicos. Hoy, contamos ya con una regulación en el Estatuto Básico del Empleado Público para que cada Administración adopte decisiones en su ámbito en materia de trabajo no presencial. Creo que todavía no se ha reconocido suficientemente el gran paso que se ha dado para facilitar el teletrabajo. En 2021, seguiremos impulsando los órganos de diálogo y cooperación y también continuaremos el trabajo en otros ámbitos muy importantes, como el desarrollo de las transferencias de competencias a las comunidades autónomas. En materia de Función Pública tenemos grandes retos por delante: hacer frente al envejecimiento de las plantillas; repensar los procesos de selección para que no sean tan memorísticos ni tan largos, respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad; atraer el talento al empleo público, para seguir prestando servicios públicos desde la excelencia; aprobar una Ley de Función Pública en la Administración General del Estado, y algo de vital importancia como es la modernización de las administraciones públicas, una política tractora que será una de nuestras prioridades.

¿Veremos la aprobación de la nueva Ley de Función Pública durante su mandato como ministro?

Mi intención es que el Consejo de Ministros apruebe lo antes posible el proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE) y que las Cortes Generales la aprueben en esta legislatura, desarrollando así el Estatuto Básico del Empleado Público. Una ley necesaria en la AGE para regular cuestiones esenciales como la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y de los cargos directivos y para mejorar la gestión de los recursos humanos y la formación.

¿Considera suficientes las últimas ofertas de empleo público ante el evidente envejecimiento de las plantillas? ¿Qué otras medidas complementarias podrían adoptarse?

Efectivamente, las plantillas de la AGE están envejecidas, con una media de edad de 52 años, casi diez años más que la media de la edad laboral en España. Varios años con tasa de reposición cero, salvo una mínima incorporación en los servicios prioritarios, han desembocado en la situación que tenemos hoy, en la que es imprescindible incorporar nuevos efectivos en la Administración General del Estado. La Oferta de Empleo Público de 2019, con 33.790 plazas, fue la mayor de los últimos once años y en 2020 la oferta sumó un total de 28.055 plazas. En ambos casos se empleó una planificación trienal y se analizaron otros factores, como el grado de ejecución de cada oferta, las solicitudes presentadas en cada uno de los procesos selectivos, la tasa de cobertura de las plazas convocadas o la ratio del número de opositores y opositoras por plaza. Tenemos que dar entrada al talento y a los mejores profesionales y debemos, además, reorientar el empleo público hacia la demanda de la ciudadanía que ya realiza la mayoría de los trámites por vía electrónica, es decir, teniendo en cuenta la digitalización de la AGE y nuevos profesionales que se adapten a las nuevas necesidades.

Este número de la revista MUFACE incluye un amplio reportaje sobre el Plan de Captación del Talento puesto en marcha. ¿Qué otras iniciativas se podrían añadir para mejorar la imagen de la Administración y hacerla más atractiva tanto a la ciudadanía como a los futuros empleados y empleadas públicos?

La Administración pública cuenta con excelentes profesionales. La pandemia nos ha enseñado también que la calidad de los servicios públicos la proporcionan las personas. Que el Sistema Nacional de Salud son los hombres y mujeres que lo componen, grandes servidores públicos que no han escatimado tiempo, esfuerzo y dedicación para salvar vidas. También son un ejemplo los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los profesionales que trabajan en servicios destacados que funcionan impecablemente, como la Agencia Tributaria o Tráfico, donde ya podemos hacer prácticamente todos los trámites por vía telemática. A veces perdura una imagen de la Administración como aquella de funcionarios con visera y manguitos, que después de una larga cola nos mandan de planta en planta a que nos pongan un sello tras otro. La Administración hoy es otra cosa, cada vez podemos realizar más trámites electrónicos, sólo con un equipo conectado, desde donde nos encontremos, y se resuelven rápidamente. Los funcionarios y las funcionarias son profesionales de la medicina, de la enfermería, auxiliares, policías, militares, profesores, científicos y científicas… y la ciudadanía ya percibe que los empleados y empleadas públicas son servidores públicos, que prestan una labor indispensable y que hacen posible que contemos con unos excelentes servicios públicos. En esta etapa hay que mantener la calidad de nuestros servicios públicos y, para ello, es imprescindible que contemos con buenos profesionales en todos los sectores; por eso hemos lanzado un Plan de Captación del Talento. Recorremos universidades, escuelas, centros de formación profesional para explicar a los jóvenes las oportunidades que ofrece hoy el empleo público, la promoción que pueden encontrar y desarrollar dentro de la Función Pública y lo que representa convertirse en servidor público, el orgullo de ser útil a la ciudadanía. Además, hemos finalizado el ciclo de debates sobre repensar la selección en el que han participado, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), profesores, catedráticos y expertos en selección de personal de distintos ámbitos. Ha sido un ejercicio de reflexión colectiva para adaptar nuestros procesos selectivos a los tiempos actuales y que nos permita, al mismo tiempo, seleccionar a los mejores profesionales para que desarrollen su trabajo como servidores públicos en las mejores condiciones.

¿Cuáles son las principales líneas hacia las que va a enfocar el diálogo social para la mejora de los derechos de las empleadas y empleados públicos?

Este es el ministerio del diálogo, de los pactos, de los acuerdos. Acabamos de aprobar el Acuerdo de criterios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado, que se suma al III Plan de Igualdad, y el IV Plan de Gobierno Abierto de acuerdo con la sociedad civil para mayor transparencia y rendición de cuentas, nuevos planes de futuro para MUFACE, con su Plan Avanza, y el INAP, que pasan por la digitalización, la calidad de la formación, mejorar las prestaciones y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. El diálogo con los sindicatos es permanente y queremos seguir dialogando con los representantes de las empleadas y empleados públicos para la mejora del empleo público. 2021 será un año de diálogo importante con las fuerzas sindicales y espero seguir alcanzando acuerdos trascendentales, como hasta ahora ha hecho este Gobierno. Estamos trabajando para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público porque la alta temporalidad es una situación que exige actuar ya, no puede haber demoras. La propia UE nos dice que es una cuestión que debemos resolver y constituye una de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Vamos a reformar ese Estatuto Básico en el marco de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y en diálogo con las organizaciones sindicales. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que ejercen una labor que aquí llamamos estructural, pero que, en cambio, su relación es de carácter temporal. Para una función estructural necesitamos estabilidad en el empleo. Quiero enviar desde aquí un mensaje a los trabajadores de la Función Pública, a los servidores públicos: somos conscientes de este tema y desde luego vamos a abordarlo. Es preciso destacar que la temporalidad en el empleo público existe en el conjunto de las administraciones pero que es en las comunidades autónomas donde registra niveles mucho más elevados de lo razonable, en concreto en los servicios de salud y educación, aunque también en la justicia, en la investigación o en la ciencia. Vamos a abordar esa cuestión de acuerdo con las comunidades autónomas, las entidades locales, y de acuerdo, espero que así sea, con los sindicatos que representan al conjunto de los trabajadores de la Función Pública. No será inmediato, pero desde luego en esta legislatura deberíamos culminar ese proceso. Un proceso que impida que de cara al futuro se sigan acumulando casos de temporalidad injustificada y que además resuelva la cuestión de aquellos y aquellas que llevan muchos años trabajando en puestos estructurales de la Administración como interinos a través de nuevos procesos de estabilización, procesos que surgieron de los Acuerdos para la mejora del Empleo Público entre sindicatos y Administración.

¿Cómo se van a concretar las inversiones del Gobierno para la transformación digital de las distintas administraciones públicas?

La modernización que queremos nos permitirá seguir avanzando hacia una Administración del siglo XXI. El ‘Plan España Puede’ sitúa por primera vez en España la modernización de las administraciones públicas como una política palanca, con 1.000 millones de inversión entre 2021 y 2023 destinados en un 95% a comunidades autónomas y entidades locales, para contribuir a la transformación que España necesita y seguir contando con los mejores servicios públicos adaptados a los nuevos tiempos. Queremos que nuestras administraciones públicas destaquen en servicios públicos accesibles, transparentes y participativos, siempre al servicio de la ciudadanía y del buen gobierno, y colaboren activamente en el proceso de transformación económica y social de nuestro país.

Su predecesora en el cargo, Carolina Darias, aseguró, en una comparecencia en el Congreso, que “el Gobierno apoya el modelo MUFACE” y que la Mutualidad sigue sucamino hacia la modernización con “la elaboración de otro Plan Estratégico 2020-2023, que incorpora la digitalización”. ¿Ha variado la posición del Gobierno a este respecto?

El Plan Avanza 2021-2023 de MUFACE, efectivamente, se aprobó el pasado mes de diciembre para hacer de la Mutualidad un organismo más ágil, eficiente, cercano y sensible a las necesidades del colectivo de empleadas y empleados públicos mutualistas. El Plan se va a desarrollar en tres años para avanzar en la senda de la modernización y mirando al futuro de la Mutualidad con unos objetivos prioritarios en los que vamos a seguir trabajando: la cercanía al colectivo, afianzar una cultura centrada en las personas, impulsar la digitalización de los procesos, la innovación, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas y dar mayor relevancia a la sostenibilidad y responsabilidad social.

El Plan MUFACE Avanza 2021-2023, como apunta, aprobado por el Consejo General de la Mutualidad el pasado diciembre, marca las líneas estratégicas del organismo priorizando, además de la digitalización, la cercanía a las personas, nuestra seña de identidad. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir al casi millón y medio de personas titulares y beneficiarias que conforman el colectivo de la Mutualidad?

El mensaje que quiero transmitir al aproximadamente millón y medio de empleadas y empleados públicos integrados en MUFACE es de confianza. Hemos atravesado y seguimos atravesando una situación muy difícil generada por la pandemia, y nos hemos adaptado para seguir ofreciendo la mejor atención a los mutualistas. Ahora tenemos por delante tres años para desarrollar un Plan Avanza 2021-2023, líneas estratégicas para afianzar e impulsar la modernización de la Mutualidad. Un mensaje positivo de cara al futuro para todos los trabajadores públicos. Vamos a seguir esforzándonos para conseguir una Función Pública moderna y digitalizada, con buenos profesionales, bien remunerados y con todos los derechos laborales. Una Administración que cuente con los mejores empleados y empleadas públicos, orgullosos como servidores públicos, que trabajen para que nuestros servicios públicos sigan manteniéndose entre los mejores del mundo.