La mayor Oferta de Empleo Público de la última década

En total, las plazas de la Oferta de Empleo Público son 28.539, a las que hay que añadir otras 5.254 correspondientes a estabilización de empleo temporal. Del global, 20.781 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE), 1.814 a las Fuerzas Armadas, 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un total de 383 plazas que se convocaron ya en febrero en previsión del efecto del Brexit. Del total de plazas destinadas a la estabilización de empleo temporal, 2.528 corresponden al ámbito de la AGE, 2.237 al sector de justicia y 489 a educación.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha señalado que el objetivo de esta OEP es “reforzar los servicios de atención al ciudadano y rejuvenecer las plantillas de la Administración”. La oferta, que ha sido acordada con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CIG, se utilizará como “instrumento de planificación de recursos humanos, mediante la incorporación de herramientas que permitan hacer un uso lo más eficiente posible de la distribución de las plazas” de la misma. Asimismo, esta convocatoria, que también viene a reforzar la dotación de la Administración periférica, es una apuesta del Ejecutivo para mitigar el envejecimiento de las plantillas de personal de las administraciones públicas. Otra de las novedades es la eliminación de exclusión para el acceso al empleo público de personas diagnosticadas de diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH.

Recuperación del terreno perdido

La ministra Batet ha destacado que dicha oferta contribuirá a recuperar un nivel de empleo público adecuado después de que en la última década –entre 2009 y 2019– se hayan perdido 36.512 efectivos. En la actualidad, la plantilla de la AGE es de 135.476 funcionarios, con una edad media que prácticamente ronda los 52 años, diez años más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5 años. Este envejecimiento se ha ido acelerando en los últimos años: ha pasado de rondar los 46 años en 2004 a los 47 años de media en 2008, los 49 en 2012 y a alcanzar los 52 años en 2019.

Para el diseño de la OEP se ha utilizado por primera vez una metodología plurianual a tres años vista, teniendo en cuenta las necesidades actuales, el envejecimiento de las plantillas y la cantera de opositores, según ha indicado la ministra de Política Territorial y Función Pública. Batet ha añadido que la estimación plurianual de necesidades permitirá distribuir adecuadamente la oferta teniendo en cuenta que los grupos auxiliar y administrativo tardan seis meses en incorporarse al servicio, mientras que los grupos superiores, por la complejidad de sus procesos selectivos, prolongan ese plazo entre año y medio y dos años.

La previsión es que, a lo largo de la próxima década, hasta 2029, se jubile algo más del 51% del personal de la AGE, casi 70.000 efectivos, un porcentaje que en grupos como el auxiliar y el administrativo se eleva al 57,3% y al 62,6%, respectivamente. Además, en 2019 habrá un 14% del personal (19.159 empleados) que cumplirán los requisitos para poder jubilarse. La ministra también ha puesto de relieve que las necesidades son distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado. “La descentralización y las nuevas tecnologías han adquirido mayor protagonismo y han repercutido en la prestación de los servicios públicos", ha indicado Meritxell Batet.

Por su parte el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, considera que la evolución de la sociedad, de sus necesidades, de la propia Administración pública y la digitalización, obligan ya a hacer una planificación ‘base cero’ de los recursos humanos: “Se trata de poner a cero la evaluación de las necesidades y no tomar como referencia las cifras del pasado, esto implica que cada departamento deberá justificar la necesidad de cada puesto, ya existente o no, como si fuera de nueva creación”.