REVISTA MUFACE. Nº 243. PRIMAVERA 2018
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Acuerdo de mejora del empleo público entre Gobierno y sindicatos

Comprometidos con la Función Pública

Acuerdo de mejora del empleo público entre Gobierno y sindicatos
MIGUEL NÚÑEZ BELLO

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CC OO, UGT y CSIF firmaron el pasado 9 de marzo el segundo acuerdo para la mejora del empleo público de la legislatura, que contempla, entre otras medidas, que por primera vez haya una vinculación del incremento salarial a la evolución del Producto Interior Bruto del país.

Este pacto global ha sido posible gracias a la recuperación y posterior estabilidad económica y a un esfuerzo en materia de consolidación presupuestaria, prioridades que desde el Gobierno han hecho posible que el acuerdo suscrito devuelva la negociación colectiva a aquellas administraciones públicas que cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Un compromiso más para dotarlas del equilibrio y confianza que merecen, al igual que el personal a su servicio. “Es la primera vez que esto se produce y eso significa que los empleados públicos estamos trabajando para que haya crecimiento económico y creación de empleo”, recalcó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que señaló una mejora de la Oferta Pública de Empleo y la calidad del mismo, “haciendo que el ciudadano comprenda mejor que la Función Pública está al servicio de los demás”. Dando sentido igualmente a la necesidad de seguir reforzando las plantillas en el conjunto de las administraciones públicas, y en particular en aquellos sectores con mayor incidencia en la prestación de servicios públicos básicos y para los ciudadanos.

Entre las voluntades expuestas, los firmantes abogan por la incorporación de nuevas medidas sociales que impulsen el diálogo y las condiciones de trabajo para avanzar en el ámbito de la conciliación laboral. Un compromiso que Montoro reconoce a los funcionarios públicos “por su contribución a mejorar el interés general”.

Estas medidas convierten este pacto en “histórico”, como definió el titular de Hacienda y Función Pública, porque supondrá que los funcionarios verán mejorado de manera notable su sueldo y las condiciones laborales. También porque recoge por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del Producto Interior Bruto del país y se recupera la negociación colectiva para las administraciones públicas que no tienen déficit. En este sentido, entre los ámbitos de actuación se mantendrá la jornada semanal de 37 horas y media, pero se contempla la posibilidad de que cada Administración Pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras jornadas ordinarias o especiales de trabajo. Todo ello supeditado al cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, así como que no afecte al objetivo de temporalidad máxima del 8%.

Objetivos de déficit

De esta forma, de cumplirse las previsiones del Gobierno en materia de crecimiento del PIB y alcanzar los objetivos de déficit en 2020, se llegaría al final del periodo a un 8,79% de incremento total de los salarios públicos. Es la primera vez que se contempla esta circunstancia, como indicó Cristobal Montoro tras el acuerdo con los sindicatos, lo que significa que “los funcionarios públicos trabajamos para que haya crecimiento económico y empleo en España. Eso es lo que da sentido al servicio público en sí”, analizó reconociendo la labor del personal al servicio de las administraciones públicas.

El texto mejora la Oferta Pública de Empleo e incluye nuevas medidas sociales, con mejoras en el ámbito de la conciliación laboral

El pacto rubricado el pasado 9 de marzo ha dado continuidad a la firma del acuerdo del 29 de marzo de 2017, el primero de la legislatura sobre Función Pública, y que evidenció el firme compromiso de “mejorar la calidad del empleo y reducir la tasa de interinidad durante un periodo de tres años (2017-2019)”. Un objetivo que contemplaba también una tasa de reposición de empleados públicos del 100% en aquellos sectores considerados prioritarios hasta ahora en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El convenio también aseguraba la estabilidad a las plantillas de empleados públicos y reducir la interinidad hasta un máximo del 90% en un plazo de tres años.

Que la economía española ha acelerado su marcha lo dicen los datos, los analistas, indicadores y previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, que prevén un crecimiento del 2,8% en 2018. Según datos de Eurostat, España lidera la creación de empleo neto en Europa, con un crecimiento anual del 2,7%, casi el doble del 1,5% registrado en la Zona Euro. Todo ello refrendado en el Plan de Estabilidad 2017-2020, que vislumbra “un crecimiento económico equilibrado e intenso en creación de empleo, previéndose la creación de medio millón de empleos netos anuales y superando los 20 millones de ocupados a finales de 2019”.

Acuerdo de mejora del empleo público entre Gobierno y sindicatos 01

Empleo público

Con estas predicciones, las reformas estructurales activadas en los últimos años mantienen una previsión de crecimiento sostenible y equilibrado. Es por ello que la aportación de la Función Pública será fundamental en este contexto. Lo que supondrá que la Oferta de Empleo Público en 2018, según el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales CC OO, UGT y CSIF, precisará que aquellas administraciones públicas que no hayan cumplido alguno de los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y del 75% en sectores no prioritarios, más una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar. Una medida que se extiende al ámbito de la seguridad ciudadana –Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía autonómicos y Policía Local–, que contará con una tasa de reposición del 115%. Entre otras decisiones adoptadas, también se contempla la cobertura de plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que podrá alcanzar hasta un 30% de las vacantes dotadas presupuestariamente en determinados casos.

De cumplirse las previsiones del Gobierno en materia de crecimiento del PIB y alcanzar los objetivos de déficit en 2020, se llegaría al final del periodo a un 8,79% de incremento total de los salarios públicos

Conciliación laboral

La implantación de planes de igualdad, el acercamiento al concepto de conciliación y a su significado en el ámbito de la Administración Pública también están recogidos en este acuerdo que, en materia de conciliación laboral, prevé una bolsa de hasta un 5% de jornada anual para el cuidado de mayores, hijos menores o con discapacidad. De esta forma, los empleados públicos podrán modificar su jornada para favorecer la conciliación familiar con horas de libre disposición acumulables. Estas deberán recuperarse en acuerdo con la Administración. Igualmente, se contempla la posibilidad de jornada intensiva para el cuidado de hijos menores de 12 años o con discapacidad. Otro de los aspectos alcanzados es que “cada Administración podrá determinar el complemento retributivo a percibir durante las situaciones de incapacidad temporal, pudiendo alcanzarse un máximo del 100% de las retribuciones fijas. Acciones que pretenden contribuir a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas.

José Francisco Fernández, coordinador del área pública
de CC OO

José Francisco Fernández

“Estamos ante una nueva perspectiva de avance, que los trabajadores públicos iremos ensanchando”

Es un acuerdo valorado positivamente por el sindicato, porque viene a paliar parte de la pérdida de derechos que ha tenido que asumir en los últimos años la gente trabajadora. El acuerdo pone en valor el proceso de movilizaciones y el compromiso del sindicato con los servicios públicos, así como la recuperación del diálogo social en las administraciones públicas para devolver la negociación colectiva y recuperar poder adquisitivo, empleo y condiciones de trabajo.

Como dijimos tras la firma del acuerdo, no estamos ante un punto y final a los derechos arrebatados. Estamos ante una nueva perspectiva de avance, que las trabajadoras y trabajadores públicos iremos ensanchando en los próximos meses, al objeto de recuperar gran parte del terreno perdido desde el comienzo de una crisis de la que no es responsable la clase trabajadora.

Miguel Borra, presidente del CSIF

Miguel Borra

"En los últimos dos años ha cambiado la sensibilidad de este Gobierno para con sus trabajadores"

La valoración que podemos hacer desde CSIF del acuerdo alcanzado con el Gobierno es positiva, porque es la primera vez desde 2009 que se consigue un acuerdo retributivo que garantiza en el tramo inferior que no se va a perder poder adquisitivo. Para ver subidas de este tipo tenemos que remontarnos al año 2005. Es obvio que nos hubiese gustado que hubiese sido más del nivel retributivo, pero garantizamos que iniciamos una lenta recuperación económica.

El Gobierno ha recogido el guante de lo que planteábamos en muchos aspectos desde CSIF. Nos hemos encontrado con un equipo negociador encabezado por la secretaria de Estado, Elena Collado, y el director general de Función Pública, Javier Pérez, que han trabajado y estado a nuestra disposición desde el primer momento. En los últimos dos años ha cambiado bastante la sensibilidad de este Gobierno para con sus trabajadores.

Desde CSIF, indudablemente, nuestra obligación es luchar por las condiciones laborales de los empleados públicos, pero también tenemos que esforzarnos por que nuestros políticos no vuelvan a cometer los errores tan tremendos que cometieron en los últimos años.

Julio Lacuerda, secretario general de la FeSP de UGT

Julio Lacuerda

"El acuerdo pone en valor el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos"

El acuerdo es positivo. Por un lado, porque pone en valor el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, evidenciando que es la mejor garantía para avanzar en sus condiciones profesionales y laborales; y, por otro, abre una nueva senda de recuperación y restitución de derechos, circunstancia impensable hace escasas fechas.

Eso sí, el acuerdo satisface parcialmente nuestras reivindicaciones. Si bien es cierto que encaja en la agenda sindical de FeSP-UGT, consistente en crear empleo de calidad, mejorar derechos socioprofesionales e incrementos salariales dignos, no se puede obviar que, tras una década de duras medidas impuestas por los distintos gobiernos, aún quedan cuestiones por resolver como la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), una mayor recuperación de poder adquisitivo, la ordenación del personal o el desarrollo de la formación, entre otras.

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