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Educación

El Gobierno quiere ampliar el Bachillerato a tres años

Combatir el fracaso escolar y el desempleo juvenil

Fracaso escolar, abandono temprano, altas tasas de repetición, bajo nivel de excelencia… Desde hace bastante tiempo nuestro sistema educativo no genera buenas sensaciones y su nivel de resultados es más que discutible. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se propone acometer una profunda reforma de la etapa Secundaria, que irá acompañada de la ampliación del Bachillerato y la Formación Profesional de Grado Medio a tres años, la elaboración de un Estatuto del Profesorado y una nueva carrera docente, el fomento de la enseñanza bilingüe, así como de la puesta en marcha de la nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional.

 
DANIEL VILA
 

Durante su primera participación en el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea, el titular español de esta cartera, José Ignacio Wert, ha manifestado su propósito de que el abandono escolar temprano, una de las grandes lacras de nuestro actual modelo educativo, descienda “en más de 13 puntos, pasando del actual 28,2% al 15% en 2020”.
Y es que la educación parece ser una de las principales apuestas del Ejecutivo para la presente legislatura, más si se tiene en cuenta la grave crisis económica y de empleo que atravesamos, lo que, a juicio del ministro Wert, hace más urgente “mejorar un sistema cuya ineficiencia para preparar a los alumnos para competir en la sociedad del conocimiento tiene su máxima expresión en una cifra trágica: prácticamente la mitad de los activos menores de 25 años está en el paro (48,56%)”. Y de esos parados, casi el 60% ni siquiera puede acreditar una titulación de primera etapa de Secundaria.
El diagnóstico de la situación no es nada esperanzador a pesar de que el gasto en el sector ha pasado, por ejemplo, de un 1,8% en 1975 al 4,7% en 2008, de que la tasa de escolarización a los tres años se ha situado en el 99% –cuando en 1975 era del 15%– o de que el número de centros públicos de Secundaria sea cercano a 4.000, teniendo en cuenta que hace 35 años era de 1.127. El pesimismo tiene que ver con cuestiones que no se le escapan a nadie: el fracaso escolar se sitúa hoy en el 26%, es decir, uno de cada cuatro alumnos no concluye la educación obligatoria con una titulación básica; un 28% de los jóvenes que se titula en Secundaria no prosigue estudios, cuando la media europea en este parámetro es la mitad; y los famosos informes PISA nos sitúan en el puesto 26 de los 34 estados miembros de la OCDE, tanto es así que solo superamos a países como Eslovaquia, Turquía, Chile o México.

Inversión ineficiente

Otro dato significativo es que, a pesar de que España es el octavo país de la OCDE con más gasto por alumno en la escuela pública –casi 2.000 dólares más que la media– y que la ratio es inferior a la media de la organización –11 frente a 13–, “en cuanto a resultados estamos muy por detrás de dichos países”, lo que demuestra que esa enorme inversión de recursos ha sido “muy ineficiente”, señala Wert.
El ministro del ramo también expresa la necesidad de acometer un “cambio de mentalidad” que permita desprenderse de “la cultura del acomodo y la mediocridad” y vuelva a promover valores como “el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor”. Aunque todo ello unido a “una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza, manteniendo y reforzando la equidad básica, así como la igualdad de oportunidades”. Se potenciará la excelencia, es decir, los alumnos que presenten necesidades educativas específicas serán atendidos adecuadamente, pero a la vez también se abrirán “vías y oportunidades a los que destaquen por sus capacidades o su trabajo”.

Carta de Derechos Básicos

Educación también ha dado a conocer su intención de elaborar una “Carta de Derechos Básicos” que asegure que todos los estudiantes españoles acceden a una educación de calidad, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. El Ministerio ha repasado los datos sobre gasto por alumno en la enseñanza pública, abandono prematuro, fracaso escolar y excelencia del alumno y de sus resultados surge una conclusión final: son más las diferencias entre comunidades que las que cabría esperar, lo que podría llegar a representar, a juicio de Wert, “una seria quiebra de la igualdad de oportunidades”. En este sentido, se quieren reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación, claves para garantizar la homogeneidad que requiere un sistema educativo descentralizado como el español. Otra variable que justifica esta medida son indicadores como los de los informes PISA de la OCDE, que demuestran la falta de homogeneidad de nuestro sistema. En concreto, según el informe de 2009 los alumnos que obtuvieron mejores puntuaciones aventajan en casi un curso a los de las tres comunidades con peores resultados, con diferencias de casi 40 puntos.
Dentro de los planes de esta nueva reforma educativa se quiere hacer especial hincapié en la calidad del profesorado, entendido como “factor clave” para mejorar los resultados. Ante la considerable renovación de las plantillas docentes –se calcula que unos 200.000 se jubilarán en la próxima década–, parece el momento de replantearse el sistema de acceso a la carrera profesional y las posibilidades de promoción dentro de ella; el objetivo último es “garantizar la selección de los mejores y recuperar el prestigio de la profesión”, haciendo que ésta sea una opción laboral atractiva y competitiva.
Pero para ello hay que conseguir que a lo largo de su trayectoria en las aulas los futuros profesores y profesoras encuentren los incentivos necesarios y la formación permanente para seguir mejorando. En este contexto el Ministerio de Educación ha anunciado la urgencia de aprobar por fin un Estatuto del Profesorado –una las grandes asignaturas pendientes del sector–, definido, en palabras de Wert, como “un marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos docentes, que ofrezca a los profesores la posibilidad de desarrollar una carrera desde su entrada en el cuerpo hasta su jubilación, en el que hacerlo bien tenga su recompensa, y que recoja el reconocimiento de los docentes como autoridad pública”.

 
El fracaso escolar se sitúa hoy en el 26%, es decir, uno de cada cuatro alumnos no concluye la educación obligatoria con una titulación básica

La autonomía de los centros

Por otro lado, los nuevos responsables de la Administración educativa entienden que durante casi 30 años la educación en nuestro país ha carecido de herramientas fiables para conocer el grado de progreso de los alumnos en competencias y conocimientos. En otras palabras, hasta la llegada de PISA, en el año 2000, se “vivía en la completa opacidad”. Y entre las recetas que se desprenden de los conocidos informes de la OCDE, destaca como elemento de calidad la mayor autonomía de los centros. Hay que decir que, por ejemplo, los modelos que encabezan el ranking PISA –Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda– conceden una amplia autonomía a sus centros educativos. A este respecto, se juega con la idea de impulsar la autonomía de los centros en el plano organizativo, curricular y de gestión económica, lo que conllevaría un incremento en su “rendición de cuentas”. En este ámbito se van a potenciar programas de innovación educativa y se quieren crear centros de especialización curricular, que ofrezcan diferentes proyectos educativos, mediante el refuerzo y ampliación de los currícula en los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y la comunicación.
También hay una apuesta por una “cultura de la evaluación” y por fijar estándares que determinen los conocimientos mínimos que deben alcanzar los alumnos y alumnas en las distintas etapas. Por eso habrá en el futuro pruebas externas similares a PISA, pero extendidas a todo el alumnado. Los resultados de las mismas no afectarían a los expedientes académicos, pero sí servirán para premiar a los que hayan obtenido mejores puntuaciones.

 
Hay una apuesta por una “cultura de la evaluación” y por fijar estándares que determinen los conocimientos mínimos que deben alcanzar los alumnos y alumnas en las distintas etapas

Otra visión de la Secundaria

La reestructuración en profundidad de la etapa Secundaria es una de las piezas angulares de la reforma educativa que quiere emprender el Gobierno. El objetivo es dotar de mayor flexibilidad a esta etapa, que incluye actualmente cuatro años de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y dos cursos de Bachillerato. Una flexibilidad que se traducirá en tres cursos de Secundaria común y otros tres cursos de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, teniendo en cuenta que el primero de los tres últimos años será obligatorio para todos los alumnos con la finalidad de orientarles bien a la continuación del Bachillerato, bien a la opción de la FP. “Estudiaremos en profundidad todas las consecuencias de este cambio estructural –dice Wert–, incluidas las que tienen que ver con su coste, en diálogo con todos los sectores implicados, para definir con ellos la mejor forma de avanzar en este sentido”.
Uno de los aspectos que más controversia ha despertado dentro de los planes del Ministerio es la sustitución de Educación para la Ciudadanía por una nueva materia que llevaría el nombre de Educación Cívica y Constitucional. En este sentido, se anuncia una asignatura que podría entrar en vigor el próximo curso y “cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Se trata de proporcionar a los alumnos “el conocimiento de la Constitución como norma suprema, la comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones, mediante las cuales se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como de la historia e instituciones de la Unión Europea, de la que España forma parte”, en palabras de Wert.

Impulso reformista en la universidad

Por lo que se refiere a la enseñanza superior, ésta requiere de un “gran impulso reformista”, que debe orbitar sobre la búsqueda de la “excelencia, competitividad e internacionalización”. Para ello se creará un Consejo de Expertos de Alto Nivel, donde expertos universitarios abordarán estos temas y deberán facilitar, en un plazo de cinco o seis meses, un diagnóstico y recomendaciones sobre la reforma del sistema. Uno de los primeros cometidos del citado Consejo será la “racionalización” de la oferta de títulos, ya que según un reciente estudio de la Conferencia de Rectores existe más de un 13% de excedentes de oferta académica, que llega al 30% en el caso de la Humanidades. Junto a ello se busca promover la investigación de calidad; fomentar la especialización de las universidades en diferentes áreas de conocimiento; hacer que llegue a los campus la inversión privada a través de una ley de Mecenazgo –en España representa solo el 0,7% de la financiación universitaria y en la UE es el 1,2%–; buscar fórmulas para superar el déficit de transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo; y potenciar la internacionalización y la participación creciente de las universidades en la sociedad del conocimiento globalizado.
No hay que olvidar el espectacular crecimiento de la educación superior en nuestro país: el gasto público en Instituciones de Educación Superior respecto al PIB se sitúa en los niveles de la OCDE (1,2%) y el gasto por estudiante respecto al PIB per cápita en el 40%, frente al 41% de la OCDE; también hemos pasado de unos escasos 200.000 universitarios al inicio de nuestra democracia a los más 1.650.000 alumnos actuales, mientras que el crecimiento del número de universidades y campus también ha sido exponencial –contamos este curso con 79 universidades (50 públicas y 29 privadas) y 236 campus universitarios ubicados en municipios diferentes–; además, en cuanto a las enseñanzas ofertadas, en el año 2011 se encuentran verificados 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres oficiales y 1.680 doctorados. Pero pese a todo, ninguna universidad española se encuentra entre las 150 mejores del mundo, tenemos un 30% de abandono universitario frente al 16% de la media europea, y el 42% de las carreras tuvieron menos de 50 alumnos nuevos en el curso 2008-2009.

Estudiar en inglés
Ampliacion BachilleratoEntre las medidas que se van a poner en marcha hay una apuesta decidida por la enseñanza bilingüe español-inglés, toda vez que dominar la lengua inglesa hoy es tan básico y necesario como aprender matemáticas o lengua. Y en este punto, las cifras son también inquietantes: España es el cuarto país de la UE en el que menos adultos hablan idiomas, por detrás de Rumanía, Hungría y Portugal, y eso, a pesar de que el porcentaje de alumnos españoles de Secundaria que estudia inglés, el 95%, es igual a la media europea.
Y se pretende mejorar la enseñanza del inglés desde edades tempranas, concretamente desde el segundo ciclo de educación infantil hasta la entrada en la universidad –incluida la FP–, pero sustituyendo el viejo enfoque de “estudiar inglés” para pasar a “estudiar en inglés”. “Entendemos que es mucho más adecuado en la medida en que el inglés es una herramienta para la transmisión del conocimiento, por lo que la mejor manera de dominarlo es precisamente de este modo, utilizándolo para aprender”, apunta el ministro.
 
La intención es aprobar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de Bilingüismo a finales de este año para que pueda ser implantado a partir del curso 2013-2014
La intención es aprobar, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan de Bilingüismo a finales de este año para que pueda ser implantado a partir del curso 2013-2014, teniendo en cuenta que desde hace algunos años varias comunidades vienen desarrollando programas piloto de enseñanza bilingüe con características muy diferentes, por lo que parece necesario que el citado plan adopte una definición común de lo que se entiende por bilingüismo. Además, se va a promover la enseñanza de una segunda lengua extranjera, ya que somos uno de los países de la UE –estamos a la cola junto a Polonia, Bulgaria o Hungría– con un índice más bajo de lenguas extranjeras aprendidas por alumno.

Ángel gabilondo, Ministro de Educación
Ampliacion Bachillerato
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Bachillerato de tres años
Ampliacion Bachillerato

La reforma de la Secundaria no va a afectar a la edad de escolarización obligatoria, que se mantendrá invariada hasta los 16 años. Eso sí, la propuesta es modificar la actual estructura de la etapa de cuatro más dos –cuatro cursos de ESO más dos de Bachillerato) a tres más tres (tres cursos de Secundaria común más tres de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio–, dividiéndola en dos etapas de la misma duración. El primero de esos tres años será obligatorio para todos los alumnos, y les orientará tanto a la Formación Profesional como a la continuación de estudios en Bachillerato. A juicio de los responsables ministeriales, esta estructura gana en flexibilidad y capacidad de adaptarse a los intereses de los estudiantes de estos niveles, ya que ese primer curso inicial obligatorio adelanta un año la posibilidad de optar entre las enseñanzas de carácter general, es decir, el Bachillerato o la FP de Grado Medio, de carácter meramente profesional. El objetivo es pues convertir 4º de la ESO en 1º de Bachillerato o en 1º de FP, pero ambas opciones tendrán asignaturas comunes y otras específicas de uno u otro itinerario. Eso sí, los alumnos no conseguirán el título de educación obligatoria hasta que no completen este primer curso.
Al mismo tiempo, ambos niveles adquieren una duración de tres cursos, lo que refuerza los respectivos tipos de enseñanza y permite que los estudiantes salgan de uno u otro sector con una mejor preparación, similar a la de los jóvenes de otros países europeos. Educación entiende que actualmente contamos con un sistema de Bachillerato y de FP de dos cursos, “uno de los más cortos de Europa”, cuando en Inglaterra y Austria se contemplan cuatro años y en Italia llegan a cinco. La extensión del Bachillerato se encuentra con actitudes enfrentadas dentro de la comunidad educativa, ya que si bien son muchos los que consideran la medida positiva, los hay también que critican que dicha ampliación se haga a costa de reducir la ESO.
 
 
 
 
El primero de esos tres años será obligatorio para todos los alumnos, y les orientará tanto a la Formación Profesional como a la continuación de estudios en Bachillerato.
 
Una FP a la alemana
Ampliacion Bachillerato

En el ámbito de la Formación Profesional la reforma aboga por dar un mayor protagonismo a las empresas, de acuerdo al modelo dual alemán, eso sí, adaptado a las condiciones de nuestro país. “El hecho de aprender trabajando en las propias empresas aumenta la empleabilidad de los alumnos y convierte la FP en una alternativa atractiva para quienes desean acceder al mundo laboral más tempranamente, promoviendo, al tiempo, el espíritu emprendedor y el autoempleo”, ha señalado José Ignacio Wert.
La iniciativa intenta facilitar la adopción de un “modelo integrado escuela-empresa” que responda mejor a las necesidades de cualificación que demanda el sistema productivo y el mundo del empleo. En este punto, los datos de Eurostat no dejan margen de dudas: mientras que en nuestro país busca empleo cerca del 50% de los menores de 25 años, la tasa de jóvenes desempleados en el país germano no llega al 8%. La potenciación de las enseñanzas técnico-profesionales, en la que van a estar implicados también la Administración laboral, los empresarios y los agentes sociales, es una forma de enfrentar la grave crisis económica actual y las altas cifras de desempleo juvenil y responde al tiempo a diversos estudios de la OCDE, según los cuales la educación secundaria postobligatoria tiene, hoy por hoy, un mayor impacto sobre el crecimiento económico que la educación superior.
Formación escuela-empresa
En Alemania sigue el modelo dual prácticamente el 50% de los alumnos de FP. Esta modalidad, que combina la formación en la escuela y en la empresa, está centrada especialmente en la industria y el comercio. Los estudiantes eligen la compañía en la que quieren trabajar y una vez realizada la selección por parte de la empresa y firmado el respectivo contrato de formación, a los aprendices se les asigna una plaza en el centro educativo correspondiente. Los contenidos teóricos que aprenden están regulados por ley, mientras que las empresas se hacen cargo de convertir esos conocimientos en destrezas profesionales a través de las prácticas. Asimismo, están obligadas a ofrecer un respaldo laboral, en forma de cubrir la cuota de la seguridad social o la prestación por desempleo de los jóvenes a su cargo.
 
 
 
 
La iniciativa intenta facilitar la adopción de un “modelo integrado escuela-empresa” que responda mejor a las necesidades de cualificación que demanda el sistema productivo

 
     

       
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