REVISTA MUFACE. Nº 246. INVIERNO 2018
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Especial 40 años Constitución
Hablan los representantes de las centrales en el Consejo General de la Mutualidad

Constitución y sindicatos

Las organizaciones sindicales han jugado un papel relevante en estos 40 años de desarrollo constitucional. Sin su activa participación en el proceso que llevó a los españoles desde una dictadura a la democracia, probablemente nuestra sociedad sería menos justa y equitativa.

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La Constitución consagra la función esencial que las sociedades modernas reservan a los sindicatos, y a las organizaciones empresariales, en diversos artículos de su texto: 37.1 y 37.2 sobre los derechos de negociación colectiva y conflicto colectivo; participación en la Seguridad Social y en los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de vida o bienestar general (art. 129.1); participación en la empresa y el acceso a la propiedad de los medios de producción (art. 129.2); participación de los sindicatos y de las asociaciones empresariales en la planificación económica (art. 131.2).

De este modo, y de acuerdo con la letra y el espíritu del texto constitucional, las organizaciones sindicales desarrollan en MUFACE una imprescindible tarea de la que se benefician centenares de miles de empleados públicos. Una tarea que no solo incide en los aspectos cotidianos del trabajo que funcionarios y personal laboral realizan en las distintas administraciones, sino que tiene su reflejo en las decisiones estratégicas que toma la mutualidad a través de su Consejo General, que se reúne una vez por trimestre.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la Carta Magna hemos pedido a representantes de las organizaciones sindicales en el Consejo General de la Mutualidad una reflexión sobre uno de los binomios irreemplazables en las democracias avanzadas, Constitución-Sindicatos. Estas han sido sus respuestas:

CSI.F: superando el pasado

Para Eliseo Moreno Burriel, representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F), “los cuarenta años desde la aprobación de la constitución de 1978 han posibilitado el mayor periodo de paz y prosperidad de la historia reciente española. Una Constitución que nos convirtió de súbditos a ciudadanos recuperando la dignidad ciudadana para una nueva sociedad política, estableciendo un Estado social y democrático de Derecho y con una nueva organización territorial tratando de conjugar unidad frente a diversidad, centralismo frente a federalismo y con la herramienta de la solidaridad”.

Moreno Burriel defiende que nada de esto hubiera sido posible sin el llamado espíritu de la Transición, “un magma que emergía desde el pueblo con la movilización como herramienta básica, una serie de principios/deseos como igualdad, democracia, derechos políticos y sociales, consenso, pacto, superación (no olvido) del pasado que recogían las transformaciones de fondo habidas en la sociedad civil española. Frente a los que piensan que todo fue fácil porque no hubo ruptura previa inicial, el proceso terminó en una ruptura ideológica e institucional que permitió la construcción del andamiaje del nuevo Estado. Cuarenta años de intensas transformaciones que hacen necesarias algunas actualizaciones que debemos afrontar con el mismo espíritu que la hizo posible”.

El representante de la CSI.F considera que “MUFACE es fiel reflejo de estos postulados, pues su puesta en marcha con la Transición ya lanzada, significó un borrón y cuenta nueva para acabar con la discriminación que padecíamos los funcionarios en asistencia sanitaria y protección social”.

FSC-CCOO: lo social como prioridad

Juan Manuel del Campo Vera, secretario de Empleo y coordinador del Gabinete Técnico de FSC-CCOO, cree que no se puede hablar de la transición democrática en nuestro país obviando el papel de las organizaciones sindicales (y, en particular, CCOO): “Así lo reconoce nuestra norma fundamental, cuando nombra a las organizaciones sindicales en el propio Título Preliminar, en el artículo 7, consagrándolas como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales”, subraya Del Campo, quien añade que se trata de “organizaciones que no sólo actúan en el mundo del trabajo, sino que con su actuación defienden los intereses generales del Estado, como lo demuestra el papel jugado durante la etapa de transición y el desarrollo de nuestro actual sistema democrático”.

Para Juan Manuel del Campo, sin embargo, “se ha producido un importante desplazamiento de la centralidad de lo social y la primacía del interés general sobre los intereses económicos y financieros de grandes corporaciones, en algunos casos de ámbitos superiores al propio Estado. Los sindicatos, junto a otros actores sociales, deben volver a situar la prioridad de lo social y el bienestar del conjunto de toda la ciudadanía en el centro de las decisiones y la subordinación de intereses financieros y económicos corporativos concretos a los mismos”.

Por último, el representante de FSC-CCOO reclama que se aproveche el 40 aniversario de la Constitución para “introducir en el debate político las reformas necesarias que garanticen y actualicen el desarrollo y protección de los derechos fundamentales que están en riesgo. Las organizaciones sindicales tienen la obligación de convertirse en el instrumento para construir sociedades más justas y equitativas para las personas trabajadoras y para la ciudadanía en general”, concluye.

UGT: en el frontispicio de la Constitución

José Sayagués, uno de los dirigentes sindicales que representan a la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Consejo General de Muface, opina que “sin Constitución no hay sociedad democrática ni respeto a los derechos inviolables de la persona ni reconocimiento de las libertades públicas. El consenso constitucional garantiza el imperio de la ley en un orden económico y social justo”.

Sayagués reivindica el papel de las centrales sindicales: “Sin sindicato no hay defensa y promoción de los intereses sociales y económicos que le son propios. El sindicalismo impulsa el progreso económico y social, los derechos sociales, el reparto equitativo de la renta, una política de pleno empleo y unas condiciones dignas de trabajo, fortaleciendo el Estado del Bienestar”.

“Sin Carta Magna -argumenta el representante de UGT- no habría garantía de la libertad sindical, ni posibilidad de intervenir en la resolución de los conflictos sociales, ni habría reconocimiento de su capacidad normativa a través de la negociación colectiva, ni posibilidad de colaborar en la actividad económica, ni de participar institucionalmente en los asuntos públicos”.

Para José Sayagués, estos 40 años hemos asistido a la “rica y estrecha colaboración entre Constitución y sindicatos: son instituciones que van unidas inexorablemente porque convivimos en un Estado que no es sólo de Derecho. Aspiramos a que sea un Estado Social. Por eso se incluyó al sindicato en el frontispicio de la Constitución. Por eso el sindicato necesita de la protección constitucional”.

CIG: nada que celebrar

No comparte esta opinión Eduardo Álvarez González, de la Confederación Intersindical Galega (CIG), que manifiesta “no encontrar motivos para celebrar una Constitución que nació del franquismo sin romper con él”. Álvarez González se hace la siguiente pregunta: “¿Cómo vamos a celebrar una Constitución que, en lo tocante a la unidad territorial y la forma política del Estado monárquico, impide en la práctica su reforma y, en cambio, la permite por el procedimiento de urgencia y de lectura única si con ello se consolida el neoliberalismo que pretende acabar con el Estado del bienestar?”

Fotografías
Quico Tomás- Valiente

Las organizaciones sindicales desarrollan en MUFACE una imprescindible tarea de la que se benefician centenares de miles de empleados públicos

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