REVISTA MUFACE. Nº 246. INVIERNO 2018
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Especial 40 años Constitución
El derecho a la salud

Consenso entre los siete ponentes

Si hubo un artículo de entre todos los redactados por los siete ponentes de la Constitución española que generó más acuerdo, ese fue el artículo 43 que hace referencia al derecho a la protección de la salud.

J. Barberá

Apenas sufrió cambios el artículo 43 desde que se redactó y hasta que se aprobó definitivamente en el Senado. En él se reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública. Sin embargo, el camino hacia una atención sanitaria universal no ha podido concluirse, sobre todo por razones de sostenibilidad financiera. En julio de este año, el Gobierno de Pedro Sánchez redactó un real decreto para asegurar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

En estas cuatro décadas, el derecho a la protección de la salud, con sus dificultades, puede decirse que ha aprobado con nota alta y hoy tanto la prevención sanitaria, como la cobertura, prestaciones y calidad de los profesionales de la sanidad y del Sistema Nacional de Salud es envidiado en muchas partes del mundo. Para demostrarlo, nuestro país fue, durante un tiempo, no solo un retiro de sol y playa, sino de turismo sanitario.

Sostenibilidad

Este y otros hechos similares, como la protección sanitaria universal, siempre han chocado con el concepto de sostenibilidad financiera de un sistema de salud eficaz. El artículo 43 de la Constitución reconoce expresamente el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. También concluye que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto, así como que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte y facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Ley General de Sanidad

Uno de los hitos legislativos fue la publicación, en abril de 1986, de la Ley General de Sanidad, que iba a sentar las bases del Sistema Nacional de Salud vigente. El segundo hecho importante fue el traspaso de las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas. De hecho, la Constitución, en su título VIII, ya diseñaba una organización territorial del Estado que posibilitaba que las comunidades autónomas recibieran estas competencias en materia sanitaria, excepto la sanidad exterior, la coordinación general de la sanidad y la legislación sobre los productos farmacéuticos, con lo que la Dirección General de Farmacia permanecería en el Gobierno central. Andalucía, País Vasco, Galicia y Cataluña fueron los pioneros y en 2002 se completó el mapa de transferencias a todo el territorio.

La sanidad para todos (incluidas las personas sin recursos) y la cartera de servicios que presta cada Comunidad Autónoma siguen siendo los puntos calientes. Aunque, según la Ley General de Sanidad, los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución (art.12), y las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en la que se acceda a los mismos (art.16), lo cierto es que las desigualdades han persistido en el tiempo. Tal vez por ello, en 2003 se redacta la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, ni esta ni el Real Decreto Ley 1030/2006, de 15 de septiembre, que habla del catálogo de prestaciones comunes que presta el Sistema Nacional de Salud, consiguieron dicha igualdad.

Cobertura

La cobertura sanitaria en España sigue de actualidad. Muchas son las voces que alertan, no solo de las diferencias entre las carteras de servicios que prestan las comunidades autónomas, sino del hecho que siempre acecha al SNS: su sostenibilidad. Como ya señaló el famoso informe “Abril” en 1991 (apellido de Fernando Abril Martorell, presidente de la comisión que lo redactó bajo el Gobierno de Felipe González), la insolvencia financiera podía convertirse en un problema y aunque el informe fue muy criticado en su momento, muchas de sus recomendaciones siguen en vigor. Hoy los retos sanitarios y sociales se plantean en una sociedad que cada vez vive más; de hecho, somos el segundo país más longevo del mundo.

Fotografías
Derecho a la salud

En estas cuatro décadas, el derecho a la protección de la salud en España ha aprobado con nota alta y es envidiado en muchas partes del mundo

Derecho a la salud 01
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