REVISTA MUFACE. Nº 246. INVIERNO 2018
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Especial 40 años Constitución
Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela

Y en 1978 el vaivén constitucional se terminó

Roberto L. Blanco Valdés es desde 1995 catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Conferenciante, ensayista, columnista y colaborador en radio y televisión, es autor, además, de 200 artículos publicados en revistas científicas y obras colectivas y de una docena y media de libros, traducidos a diversas lenguas.

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La historia de nuestro constitucionalismo, que comenzó brillantemente en 1812 con un texto, el gaditano, de tanta trascendencia política e histórica como de escasísima vigencia (apenas seis años entre 1812 y 1837), fue la de un recurrente oscilar entre el progreso y la reacción. 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931: en todos esos años se aprobaron en España constituciones que, de signo político diverso, no fueron nunca la expresión de un gran pacto nacional, sino la manifestación de la imposición de una parte del país sobre otra u otras. Aunque es verdad que nuestra historia constitucional durante el siglo XIX difiere mucho menos de la de otros países europeos (Francia o Portugal, sin ir más lejos) de lo que se afirma con frecuencia, lo es también que la ausencia de un gran acuerdo sobre los principios esenciales del régimen político y las reglas de juego que definen su funcionamiento (no otra cosa es una Constitución, al fin y al cabo) fue una constante desde que en 1837 se asentó en España el constitucionalismo hasta que en 1923 Primo de Rivera le puso fin manu militari. Aquella dictadura resultó breve, en todo caso, en comparación con la que, tras el convulso periodo de la II República, se instauró en nuestro país como consecuencia del triunfo de los sublevados en 1936. La Guerra Civil, sin duda el más trágico capítulo de la historia contemporánea nacional, desembocó en una larguísima dictadura de casi cuatro décadas, que convirtió a la postre al siglo XX español, ahora sí, en una auténtica excepción respecto de la evolución de nuestros más cercanos vecinos europeos.

Una rareza política

Por eso, cuando en 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde las de 1936, España resultaba una rareza política en Europa occidental, no ya comparada con los países nórdicos y centroeuropeos que habían consolidado sus regímenes constitucionales durante la primera mitad del siglo XIX (Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica u Holanda), sino incluso con aquellos otros que solo lo habían logrado tras el final de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Italia y Alemania. 1977 marcó, de hecho, el final de la primera etapa de la transición democrática (la que condujo a la aprobación por las Cortes, franquista, primero, y luego por el pueblo español, de la ley para la reforma política) y abrió un claro periodo de ruptura que condujo en tiempo récord a la convocatoria de unos comicios, en plena libertad, de los que salieron las Cortes que iban a elaborar la mejor Constitución de nuestra historia: la que el 6 de diciembre de 1978 ratificaron por amplísima mayoría en referéndum los ciudadanos españoles, después de que el texto, el primero en nuestro país fruto de un amplísimo consenso, fuera aprobado por el 94% de los diputados y de los senadores de las Cortes constituyentes.

Será ese amplísimo consenso el que explicará, en primer lugar, el gran éxito de nuestra vigente ley fundamental, éxito que se constata temporalmente de un modo inequívoco con la celebración este año de su 40o aniversario. Nunca un texto democrático estuvo vigente en España tanto tiempo y de los que no tuvieron tal carácter solo uno –el de la Restauración– logró mayor longevidad. Pero, según he tratado de explicarlo con detalle en un libro de reciente aparición (Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional, Madrid, Alianza Editorial, 2018), el texto de 1978 no solo ha pervivido, vivo y útil, durante cuatro largas décadas en un contexto mundial de cambio profundo y permanente por haber sido fruto de un gran acuerdo nacional, sino también y, de forma destacada, por la forma en que sus autores supieron adaptarlo a la España del momento y por la capacidad que demostraron para afrontar con él algunos de los más graves problemas políticos que nuestro país venía arrastrando desde hacía más de una centuria. La Constitución hizo, así, compatible por primera vez en nuestra historia monarquía y democracia, confiriendo la jefatura del Estado a un rey parlamentario que, por su imparcialidad, favorece la cohesión nacional, sin gozar de ningún poder político efectivo. La Constitución resolvió nuestro tradicional “problema militar”, situando al ejército totalmente al margen de la política y colocándolo bajo el mando de un Gobierno responsable ante las Cortes y ante el pueblo. Y resolvió el enquistado “problema religioso”, separando, como no podía ser de otro modo en democracia, la Iglesia y el Estado y garantizando, al propio tiempo, que los poderes públicos respetaran las creencias religiosas de la sociedad, como exige la garantía del pluralismo. La Constitución estableció un sistema de gobierno plenamente democrático que ha funcionado, por añadidura, con un grado envidiable de estabilidad; proclamó una amplísima gama de libertades y derechos, que protegió con instrumentos de notable eficacia jurídica y política; y creó un Tribunal Constitucional, concebido como un árbitro imparcial, que, guiado solo por el criterio del respeto a los mandatos contenidos en la Constitución, ha permitido revolver en el ámbito jurídico conflictos que en la vía política se habían atascado al confrontarse interpretaciones diversas de la Constitución. Esta, en fin, y por limitarme a sus aspectos esenciales, sentó las bases para resolver el “problema territorial”, mediante la previsión de un amplio proceso descentralizador que ha convertido a España de hecho en un tipo de Estado federal, de modo que la única razón que explica la persistencia de ese contencioso histórico ha sido la ruptura de las fuerzas nacionalistas con el proyecto democrático de una España unida y diversa que se contenía en la Constitución.

Nuevos tiempos

Transcurridos 40 años desde su aprobación, no cabe duda de que hay aspectos del texto de 1978 que podrían ser reformados para adaptarlos al cambio de los tiempos, pues cuatro décadas no pasan nunca en balde. Tal afirmación, que constituye una obviedad, debe ser, en todo caso, matizada, a mi juicio, por tres afirmaciones, para colocar en sus justos términos la cuestión de la reforma de la Constitución. La primera se refiere al hecho de que las constituciones se ponen al día no solo mediante su reforma, sino también a través de su interpretación, lo que en el caso español ha venido sucediendo con toda claridad desde 1978 para acá. La segunda, no menos importante, tiene que ver con una realidad que debe tenerse muy en cuenta: que las constituciones nunca se reforman por el mero prurito de aggiornarlas, sino con el razonable objetivo de dar solución a problemas que no podrían resolverse sin llevar a cabo la reforma. Y tercera, y última, que entre esos problemas solo existe en España uno, el territorial, respecto del cual las posiciones están en la actualidad tan radicalmente enfrentadas que no es posible imaginar una reforma que pudiera cohonestarlas. A la vista de ello, es aconsejable ser prudentes para no meterse en una operación de cambio constitucional en la que, por decirlo de un modo castizo, el remedio podría ser mucho peor que la enfermedad.

Fotografías
Roberto L. Blanco Valdés

Nunca un texto democrático estuvo vigente en España tanto tiempo

Roberto L. Blanco Valdés 01

La Constitución resolvió nuestro tradicional ‘problema militar’, situando al Ejército totalmente al margen de la política y colocándolo bajo el mando de un Gobierno

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