REVISTA MUFACE. Nº 246. INVIERNO 2018
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Especial 40 años Constitución

En defensa de la Constitución

El papel de la Policía Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su conjunto ha sido decisivo para garantizar el orden constitucional.

Carlos Barrio

El pasado 12 de octubre, la Junta de Gobierno de la Policía Nacional propuso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ingreso en la Orden del Mérito Policial de los siete redactores de la Constitución española de 1978: Gabriel Cisneros (UCD), Manuel Fraga Iribarne (AP), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Jordi Solé Turá (PSUC), José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (UCD), Miquel Roca i Junyent (Pacte Democràtic per Catalunya) y Gregorio Peces Barba (PSOE).

Se les concedía la Medalla de Plata a título honorífico por “la decisiva contribución de los padres de la Carta Magna a la modernización y consolidación de la democracia y a la convivencia pacífica en España”.

Un reconocimiento que bien podría ser recíproco para los autores de dicha propuesta y, en general, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como garantes, durante estos 40 años, de la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos contemplados en la Constitución española, tal como dispone en su artículo 104.1: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Estas competencias supusieron, de hecho, respecto al régimen anterior, la clarificación de funciones de los Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas. A estas últimas alude el artículo 8.1 de la CE, que concreta su misión en “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Consolidación

La Constitución de 1978 ha marcado así “un hito determinante en la consolidación de la idea de Estado con la asunción por el poder público del monopolio del uso de la violencia legítima, asunción que, en el plano organizativo, desemboca en la inserción de la Policía en la estructura de la Administración pública”, tal como refiere Javier Barcelona Llop, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Cantabria, en sus “Reflexiones constitucionales sobre el modelo policial español” (Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 48, 1996).

Pilar básico del Estado

Aprobada la norma fundamental, aún hubo que esperar casi ocho años para que se promulgase la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, donde se desarrollaron las “funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. En ellos quedaba incluida también la Guardia Civil, aunque esta deba seguir siendo considerada como instituto armado de naturaleza militar y sujeta, como tal, al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, teniendo prohibido, por ejemplo, el derecho de sindicación, no así el de asociación.

Por lo que respecta a la Policía, esta misma ley consagró la integración de los cuerpos Superior de Policía y Policía Nacional en uno único, llamado Cuerpo Nacional de Policía, cuyos miembros, más de 57.000, se incorporaron a MUFACE ese mismo año. La ley también contemplaba la creación del Consejo de la Policía como órgano de mediación entre los sindicatos policiales y la Administración.

No ha sido, en cualquier caso, un camino fácil el recorrido por las FSE en estas cuatro décadas. La misión de garantizar la seguridad, uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, se ha cruzado en más de una ocasión, con la obligación constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, hecho que ha generado no pocas interpretaciones y sentencias por parte del Tribunal Constitucional.

Terrorismo de ETA

La defensa de la seguridad ciudadana se topó también durante años con la lacra del terrorismo de ETA. De las 829 personas asesinadas por la banda etarra en medio siglo de terror, 506 eran miembros de las Fuerzas de Seguridad. Y, concretamente, 186 los policías muertos, empezando por Melitón Manzanas y terminando por Eduardo Puelles, último miembro de este cuerpo fallecido en un atentado, el 19 de junio de 2009.

Ahora, son el terrorismo yihadista –que también segó la vida en 2011, tras los atentados del 11-M, al subinspector Francisco Javier Torronteras– y el ciberterrorismo, dos de los puntos negros a los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que enfrentarse en el cumplimiento de su mandato constitucional.

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Defensa de la Constitución

No ha sido un camino fácil el recorrido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas cuatro décadas

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