REVISTA MUFACE. Nº 246. INVIERNO 2018
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Especial 40 años Constitución
La Constitución de 1978 supuso el primer paso para la democratización de la enseñanza en nuestro país

La educación como derecho fundamental

“Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Así reza el encabezamiento del artículo 27 de la Constitución española, que estos días cumple su 40o aniversario. En estas cuatro décadas ha sido imposible forjar un Pacto de Estado en torno a la escuela o aprobar un estatuto del profesorado –dos de los principales anhelos del sector–, pero el consenso logrado en 1978 por los diferentes partidos y formaciones políticas ha permitido universalizar y democratizar la enseñanza en paralelo al avance de nuestra sociedad.

Daniel Vila

Hoy por hoy, la Constitución sigue siendo marco de referencia cuando hablamos de la democratización de la escuela y del aprendizaje, de la educación “para todos” y la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, de la libre elección de centro y del desarrollo del sistema educativo. Todo eso y mucho más tiene cabida en este epígrafe esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas que supone la educación.

Los ponentes del 78 se inspiraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo artículo 26 venía a reconocer el derecho a la educación de todas las personas, la gratuidad y obligatoriedad en los niveles elementales, la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores, así como el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos. A mediados del pasado siglo, Naciones Unidas ya entendía la educación como un derecho fundamental y reconocía “el pleno desarrollo de la personalidad humana” como objetivo de la misma.

Hay que recordar que la redacción del artículo 27 en nuestra Carta Magna fue el que mayor polémica y enfrentamientos despertó entre los miembros de la Comisión Constitucional y también el que recibió mayor número de enmiendas. Como señaló un político de aquellos años, “al principio, las posiciones estaban muy enfrentadas, pero finalmente se pudo alcanzar un consenso fundamental, que posibilitó el difícil equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza”. El resultado final vino a aumentar el campo de acción de ambos derechos, garantizando el principio de educación para todos, al tiempo que el pluralismo educativo tomaba carta de naturaleza.

La profesora de Derecho Constitucional Rosario Nogueira afirma que el citado artículo es el resultado de las “concesiones respectivas” realizadas por las dos formaciones políticas mayoritarias del momento, es decir, UCD y PSOE. En su libro Principios constitucionales del sistema educativo español, esta especialista considera que “cediendo en algunos de sus planteamientos ideológicos, posibilitaron la redacción de un artículo que recoge dos modelos educativos diferentes, cuando no contrapuestos”.

Consenso de mínimos

La misma idea sostiene Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Historia de la Educación y Educación comparada de la UNED. “Ese consenso de mínimos, ese denominador común, fue posible porque, junto a coincidencias básicas, hubo cesiones y concesiones por parte de los dos grandes bloques que representaban programas, ideologías e intereses distintos. Fue un pacto difícil, por eso sería también difícil su aplicación”, escribe este historiador de la Educación. “El pacto constitucional garantizaba la paz escolar, pero al mismo tiempo permitía que, por el juego de la alternancia democrática, uno u otro partido en el poder hiciera énfasis en su política de igualdad y libertad”, añade.

Tras la aprobación del texto constitucional, “los debates sobre los modelos educativos que representan ideologías más de izquierdas o más conservadoras han estado permanentemente activos en las Cortes Generales en la elaboración de cualquier legislación educativa”, señala la doctora en Ciencias de la Educación Belén Urosa en su artículo El derecho a la educación en la Constitución Española. “Tanto es así –apunta– que las sucesivas normas reguladoras no han estado exentas de duros enfrentamientos en su elaboración y de posteriores modificaciones, derogaciones e incluso en algunos casos impugnaciones ante el Tribunal Constitucional”.

Leyes educativas

En efecto, en estas cuatro décadas se han sucedido diferentes leyes educativas: la LODE en 1985 y la LOGSE en 1990 bajo los gobiernos socialistas; la LOCE, en 2002, bajo la presidencia de Aznar –aunque apenas se llegó a aplicar–; la LOE, en 2006, con Rodríguez Zapatero en la Moncloa; y finalmente la LOMCE –la “ley Wert", llamada así por el ministro que la impulsó–, vigente en la actualidad. Al margen del desarrollo constitucional, el denominador común en la tramitación y desarrollo de todas ellas siempre ha sido una agria hostilidad en el Parlamento y en la calle, así como posturas enconadas –e irreconciliables– entre el Gobierno y la oposición por el modelo educativo.

A pesar de esa rivalidad, la escuela ha salido reforzada del debate en estas cuatro décadas; se ha consolidado el derecho a la educación al mismo tiempo que la escuela pública –muy limitada a mediados de los setenta– se ha convertido en todo un referente en cuanto a calidad y equidad, mientras que se ha extendido la educación obligatoria hasta los 16 años o se ha universalizado el segundo tramo de la etapa infantil casi al cien por cien, unos logros que han situado a España entre los países más avanzados, según el último informe de la OCDE.

Aumento de plantillas

Pero también han aumentado las plantillas de profesorado y han mejorado notablemente sus condiciones laborales. Igualmente, se ha fortalecido la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros y la libertad de enseñanza ha posibilitado la creación de centros de titularidad privada sufragados con fondos públicos. Si hablamos de educación superior, en 1975 solo el 20% de la población accedía a la universidad, mientras que 30 años después esa cifra supera el 40%, es decir, se ha duplicado.

“Claro que es un éxito”, reconocía en declaraciones al diario El País en 2015 el que fuera ministro socialista de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba. “En educación no hay atajos, son cambios muy lentos que también tienen que producirse en la sociedad. Pero es indudable que España ha realizado un esfuerzo formidable en los últimos 40 años". Protagonista de la reforma educativa que dio paso a la LOGSE, el exministro considera que pese a problemas de calidad y de adecuación de nuestro sistema educativo a la realidad empresarial, “si echamos la vista atrás y miramos la escuela de los setenta, no tiene nada que ver. Se han aumentado las tasas de escolarización como nunca en la historia de España, lo hemos hecho a una velocidad enorme. Todos los estudios de la OCDE, de la UE, reconocen ese esfuerzo".

Fotografías
Educación como derecho fundamental

El artículo relativo a la educación en la Carta Magna fue el que mayor polémica y enfrentamientos despertó entre los miembros de la Comisión Constitucional y también el que recibió mayor número de enmiendas

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