REVISTA MUFACE. Nº 246. INVIERNO 2018
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Entrevista
José Antonio Benedicto, secretario de Estado de Función Pública

“Hay que prestigiar la figura del empleado público”

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Nacido en Santander, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la Administración, como subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas, director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas o director de Gabinete del Secretario de Estado de Educación. También ha desarrollado su labor en el exterior como agregado de Educación en el Consulado de España en Nueva York o consejero de Educación en las embajadas de España en China y Polonia.

CHUS SÁEZ
José Antonio Benedicto 01

Desde su responsabilidad actual, José Antonio Benedicto se ha planteado como uno de sus objetivos fundamentales restaurar la protección social perdida por los empleados públicos durante la crisis económica. También pretende afrontar desafíos como la digitalización de las administraciones, mejorar la Oferta de Empleo Público o atraer al talento joven hacia al sector público. En esta entrevista, el secretario de Estado habla, entre otras cuestiones, sobre la necesidad de recuperar el diálogo social, la revitalización de la política de recursos humanos en la Administración, el acceso a la función pública o la labor desarrollada por MUFACE.

En las últimas semanas han puesto en marcha diversas medidas de carácter social, como favorecer la movilidad de las empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género, ampliar el permiso de paternidad o acabar con la discriminación que sufrían siete millones de españoles que, por ser diagnosticados de VIH, diabetes, celiaquía o psoriasis, tenían limitado el acceso a la función pública.

Esta es una de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno, un nuevo paso para la igualdad en el empleo público que pone fin a viejos impedimentos que vivían muchos españoles para aspirar a un empleo público y que era una antigua reivindicación de los colectivos de diagnosticados de VIH, celiaquía, diabetes y psoriasis, que no podían acceder en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo en las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones penitenciarias o aduanas. El acuerdo será un pequeño paso para algunos, pero un paso de gigante para los diagnosticados. La exclusión era una discriminación que este Gobierno no podía dejar pasar más tiempo.

Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la función pública. ¿Cuáles son las prioridades que se ha marcado en esta nueva etapa como secretario de Estado?

Como ha señalado la ministra y como hemos repetido ambos en múltiples ocasiones tanto en el Congreso como en diferentes ámbitos, para nosotros es prioritario recuperar la figura del empleado público. Pero están también los derechos de los empleados y empleadas públicos, no solo económicos sino laborales, que se perdieron a causa de la crisis. Nos planteamos como primera acción la recuperación de derechos eliminando, por ejemplo, la minoración de ingresos derivados de la incapacidad temporal (IT). A partir de aquí, nos marcamos un calendario muy ambicioso. Negociación a lo largo de los meses de septiembre a diciembre para aprobar otra serie de derechos que entendemos importantes para el buen desempeño del trabajo de empleados y empleadas públicos, ligados a la conciliación y al reconocimiento de su condición como trabajadores de la Administración.

En la entrevista del pasado número de MUFACE, la ministra Batet se planteaba como uno de sus principales objetivos el impulso del diálogo social.

En este sentido hemos tenido un trabajo muy activo tanto los sindicatos como el personal de esta Secretaría de Estado y hemos conseguido poder firmar múltiples acuerdos, como el relativo a movilidad de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) o el relativo al 0,2% de incremento salarial. También ha habido acuerdo de conciliación, en permiso de paternidad, con un carácter innovador. Asimismo, se está trabajando en un cuarto convenio único para el personal laboral y creo que podemos sentirnos satisfechos.

Quizá el mayor logro de este Gobierno ha sido la recuperación de algunos de los derechos que se habían perdido.

Desde este ministerio estamos trabajando para recuperar todos los derechos que los empleados públicos han perdido y seguir progresando en salarios y medidas de conciliación. Nuestras prioridades han sido las sociales, cuatro meses de intenso diálogo social. Tengo que decir que estamos muy orgullosos de los empleados públicos, ya que, a pesar de la crisis y los recortes de sus derechos retributivos y laborales como el de la IT, la prestación de los servicios públicos apenas se ha visto afectada. Todos los ciudadanos deberían sentirse muy orgullosos de ellos.

Además de estas prioridades, ¿qué más frentes tienen abiertos?

Existen otras prioridades importantes; principalmente, el diálogo no solo con los interlocutores sociales sino también el diálogo interadministrativo, es decir, con las comunidades autónomas y con la FEMP, como no podía ser de otra manera. Son los grandes empleadores. Nosotros tenemos la competencia básica en muchos temas y es nuestro deber y nuestra misión escucharles y llegar a acuerdos. Desde el primer momento, convocamos a todos los órganos colegiados donde están representadas comunidades autónomas en el ámbito de nuestras competencias, Comisión de Coordinación de Empleo Público, Comisión Sectorial de Administración Digital y el Foro de Gobierno abierto. En todas las reuniones estamos llegando a acuerdos. Y otra de nuestras prioridades ha sido convocar la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, que llevaba nueve años sin reunirse; no solo se convocó, sino que se le dotó por fin de un reglamento de funcionamiento. Además, ha habido un acuerdo de movilidad de empleadas públicas víctimas de violencia de género.

Y ¿las previsiones de futuro?

Es necesario que exista coordinación, escuchar a todos los actores y, entre todos, ir adoptando acuerdos y avanzar tanto en acuerdos conjuntos como en el marco normativo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Precisamente, el desarrollo de Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es una de las asignaturas pendientes de su departamento. ¿Qué previsiones tienen?

No necesariamente hay que hacer una ley para desarrollar el Estatuto, también se pueden hacer muchos avances sin que haya una norma de carácter legal. Nuestro objetivo es ir adoptando medidas que vayan mejorando la implantación de ese Estatuto y, sobre todo, prepararlo para que una mayoría parlamentaria suficiente permita abordar el proyecto legal. En definitiva, tratamos de dejar sentadas las bases de lo que creemos que debe ser el Estatuto, carrera, directivos, etc.

El envejecimiento de la plantilla de funcionarios es una evidencia, aunque la Oferta de Empleo Público ha sido la mayor en diez años.

Creemos que unas administraciones públicas de calidad, con buenos empleados y empleadas públicas como los que tenemos y de los que yo me siento muy orgulloso, son la garantía del correcto funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Por eso, hemos entendido que la bonanza económica debemos trasladarla más allá del incremento retributivo previsto en el acuerdo a la Oferta de Empleo Público y hemos hecho un esfuerzo enorme, el más grande de los últimos diez años, 30.844 empleos, incluyendo una oferta extraordinaria de 323 plazas en ámbitos urgentes para atender a asilados y refugiados. Este Gobierno está claramente volcado con la función pública y con nuestras administraciones. Una oferta muy ambiciosa en la que nos hemos comprometido también en la estabilización del empleo público para que no se abuse de la figura del interino. En los próximos meses aprobaremos la estabilización de 2018.

También han convocado la Comisión Superior de Personal, que no se reunía desde 2011.

Esta iniciativa pretende revitalizar la política de recursos humanos en la AGE y que los responsables asumamos esta responsabilidad y nos pongamos a ejercerla. En los últimos años, por las circunstancias, esta política se había limitado en buena medida a la tramitación de expedientes en la CECIR. La política de recursos humanos va mucho más allá, está en el diálogo social, también en el desarrollo de instrumentos que desde las diferentes subsecretarias les pueda servir para realizar su propia política de recursos humanos en cada ministerio. Está claro que podemos tener una línea de actuación para toda la Administración, pero cada ministerio tiene sus propias necesidades y debe contar con instrumentos que le permitan responder a las mismas.

Dice que las subsecretarías son el máximo órgano de personal de la AGE.

Sí, por tanto, es esencial escucharles. No nos podemos permitir adoptar medidas que luego en la práctica sirvan de poco. Tenemos que ser el servicio público de los servicios públicos. Los ministerios prestan servicios públicos y nosotros tenemos que estar para ayudarles a que esa prestación sea lo más ágil posible y puedan contar con los instrumentos para llevarla a cabo.

¿Cómo incidirá la propuesta de presupuestos en los empleados públicos?

Positivamente. Recoge básicamente el contenido del acuerdo entre la Administración y los sindicatos. Este Gobierno se ha manifestado totalmente a favor de aplicar en su integridad el acuerdo Administración-sindicatos que da un marco estable a las retribuciones en el sector público para los próximos tres años; esa estabilidad presupuestaria es la que nos permite adoptar negociaciones en otros ámbitos y no estar siempre centrados en las retribuciones.

También está el compromiso del Gobierno de la ampliación hasta las 16 semanas del permiso de paternidad. ¿Cómo se van a equiparar el permiso de paternidad y el de maternidad?

La equiparación que se ha acordado consiste en que ambos progenitores podrán disponer de 16 semanas en el año 2021 cuando termine su implantación. Estas semanas serán intransferibles con el fin de fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

El acceso a la función pública es otro de los temas siempre candentes. ¿Qué contemplan en este capítulo?

En estos momentos estamos estudiando a fondo el tema porque creemos que los mecanismos actuales, sobre los que no hacemos una valoración negativa, sí que pueden ser en cierta medida complementados, no solo en lo que son estrictamente las pruebas de acceso, sino en otros asuntos como los relativos al contenido de los temarios o las posibles ayudas a los opositores para que exista una efectiva igualdad en las condiciones de acceso a la función pública. Estas medidas deben anunciarse con suficiente tiempo y si decidimos abordarlas lo haremos con mucha antelación.

¿Cuál considera que debe ser la función del INAP? ¿Formación e investigación?

El INAP debería centrarse en temas de formación, y esto tiene un campo amplísimo no solo en la AGE, sino en las administraciones autonómicas y locales. No cabe duda de que todo centro formativo tiene también una parte investigadora. Si vamos a abordar una reforma de la Administración, la formación debe ser un pilar importante y debe estar encaminada a dotar de capacidad a los empleados públicos para adaptarse a las demandas de la propia sociedad y a los cambios tecnológicos.

La Secretaría de Estado que usted gestiona tiene una importante trayectoria en Iberoamérica, por ejemplo el CLAD. ¿Qué importancia le otorga?

De primer nivel, lo demuestra el hecho de que al último consejo del CLAD asistimos la ministra y yo mismo. La colaboración en los ámbitos multilaterales, igual que en los bilaterales, es esencial y, en este sentido, el CLAD tiene en estos momentos un secretario general español que sabe que cuenta con nuestra máxima implicación.

En el Consejo General de MUFACE usted subrayó que el millón de titulares que alcanzará muy probablemente la Mutualidad en 2019 es una “prueba evidente de la fortaleza del sistema”. ¿Tiene MUFACE su futuro garantizado?

Sin duda, y el reto es seguir avanzando en su modernización para ponerla al alcance de todos los mutualistas, en particular en todo aquello que tiene que ver con el ámbito tecnológico.

El organismo está inmerso en un proceso de profunda renovación y modernización. ¿Qué medidas incluidas en el Plan Impulso considera más relevantes?

La receta electrónica es el símbolo que representa esa nueva etapa. Y también es clave fortalecer la presencia del organismo en nuestros servicios provinciales, ellos también son MUFACE y todos formamos parte de lo mismo. La valoración es muy positiva, no solo por el contenido, que es muy ambicioso y que conduce a la Mutualidad por el camino deseado, sino también por la implicación que está teniendo todo el personal de MUFACE; entre todos han conseguido que el Plan sea una realidad y coseche los éxitos que está teniendo.

¿Cómo mutualista y usuario quiere añadir algo?

Palabras de agradecimiento, pues siempre que he tenido cualquier incidencia ha sido resuelta de forma rápida y eficaz, tanto por la Mutualidad como por las entidades médicas. Y en mi experiencia pasada como mutualista en el exterior, tengo que destacar que en las diferentes ocasiones en las que he necesitado atención me han tratado con profesionalidad ejemplar y la incidencia ha sido resuelta satisfactoriamente en menos de 24 horas, a pesar de tratarse de sistemas sanitarios distintos. Desde mi punto de vista, MUFACE es un servicio público de primer nivel.

Fotografías
José Antonio Benedicto

Este Gobierno está claramente volcado con la función pública y con nuestras administraciones

Es prioritario el diálogo, no solo con los interlocutores sociales sino con las comunidades autónomas y con la FEMP, que son los grandes empleadores

José Antonio Benedicto 02

Cada ministerio tiene sus propias necesidades y debe contar con instrumentos que le permitan responder a las mismas

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Mi percepción de MUFACE como usuario es la de un servicio público de primer nivel

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Hemos tenido un trabajo muy activo tanto los sindicatos como el personal de esta Secretaría de Estado y hemos conseguido poder firmar múltiples acuerdos

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La implicación de todo el personal de MUFACE en el Plan Impulso ha conseguido que sea una realidad y coseche los éxitos que está teniendo

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Unas administraciones públicas de calidad, con buenos empleados y empleadas públicas como los que tenemos y de los que yo me siento muy orgulloso, son la garantía del correcto funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia

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La exclusión en sectores de la función pública de diagnosticados de VIH, celiaquía, psoriasis y diabetes era una discriminación que un Gobierno progresista no podía dejar pasar más tiempo

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